Desde que el Gobierno nacional decidió intervenir el sector triguero en 2006/07, la Argentina experimentó todo tipo de situaciones inéditas respecto al abastecimiento y la comercialización de dicha materia prima (elemental para producir alimentos básicos).

Y pareciera que éste año no será la excepción. Todo venía bien: en la presente campaña 2014/15 el área de siembra de trigo aumentó a 4,10 millones de hectáreas, una cifra mayor a la registrada el ciclo anterior cuando se sembraron 3,62 millones de hectáreas.

Tal como era de esperar, el kirchnerismo festejó con algarabía esta noticia y se lo enrostró a algunos dirigentes del sector rural que, antes del inicio de la campaña, estimaban una nueva caída en la siembra del castigado cultivo.

Pero luego apareció el impredecible factor climático. El exceso de lluvias que se viene registrando en casi toda la provincia de Buenos Aires en los últimos meses comenzó a complicar significativamente los lotes sembrados durante el invierno.

Así fue como en los últimos días un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) advirtió que se perdieron un total de 150.000 hectáreas de trigo en la zona sudeste de la provincia producto de las inundaciones.

El dato no es menor: el sudeste bonaerense (Cnel. Dorrego, Tres Arroyos, San Cayetano y Necochea) es la principal zona productora de trigo del país y además allí se cuentan otras 160.000 hectáreas más con graves excesos hídricos.

Para peor, en este panorama, hay un dato interesante que comenzó a correr en las últimas horas por los pasillos del sector agropecuario y que empeora aún más el actual estado de situación del cereal.

La información que llegó a la redacción de La Política Online está relacionada a la pérdida de calidad del trigo que traerá como consecuencia que buena parte de la cosecha en diciembre/enero no cumplirá los estándares normales de calidad para producir pan.

Es que, al parecer, una gran cantidad de productores trigueros de todo el país empezaron a detectar la aparición de numerosas enfermedades en sus lotes como consecuencia del menor uso de tecnología para abaratar costos productivos.

“Comenzaron a aparecer las primeras alertas por avance de enfermedades tales como manchas o roya, sobre todo en lotes que acumularon buena oferta hídrica durante un tiempo prolongado”, alertó la BCBA en su último informe semanal.

En tanto, un documento del Ministerio de Agricultura recomendó a los productores de trigo “monitorear permanentemente la incidencia y severidad de enfermedades”, “realizar controles tempranos” y “prevenir el fusarium”.

En diálogo con LPO, Débora Molina, encargada del área de Investigación y Desarrollo de Granotec Argentina, explicó los riesgos del hongo fusarium: “Afecta la calidad comercial e industrial de las harinas, degradando componentes importantes para los productos panificados y genera toxinas perjudiciales para la salud humana”, dijo.

Así las cosas, lo cierto es que las enfermedades que aparecieron causaron un alerta en los campos a poco más de dos meses del inicio de la cosecha en un contexto en el cual el Gobierno sigue sin anunciar el monto del cupo exportable de trigo 2014/15.

En esta línea, el gran interrogante que pasa por la cabeza de los dirigentes rurales es si a fin de año -en caso de haber problemas con la calidad del trigo- el Gobierno tomará la decisión de importar (algo a lo que Guillermo Moreno se opuso reiteradas veces).

De todas maneras, está claro que en cualquier decisión que se tome, la política oficial está exclusivamente orientada a restringir las exportaciones para facilitar la compra de trigo por parte de la industria molinera (cuyos representantes apoyan al kirchnerismo).

La respuesta oficial

En este contexto, las inundaciones en territorio bonaerense generaron nuevos roces entre el Gobierno nacional y el sector agropecuario. Pero en esta ocasión no fue el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, el que salió a responder las críticas del campo.

Mientras Casamiquela se encontraba entregando fondos en Río Negro y apoyando al intendente de Gral. Roca, Martín Soria, el que salió a bancar la parada fue el secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, un hombre que, a pesar de formar parte del Gobierno, se ganó el respeto del sector.

“Hay una construcción de un discurso apocalíptico del miedo sobre el normal abastecimiento de alimentos a causa de las anegaciones o inundaciones en algunas zonas de Buenos Aires”, dijo la persona de confianza de Casamiquela.

“Algunas organizaciones y dirigentes vinculados con el sector agropecuario difunden informes con alertas sobre escasez de alimentos que lo único que denotan es su total falta de seriedad y, sobre todo, responsabilidad pública”, apuntó Delgado.

En su respuesta mediante un comunicado, el secretario de Agricultura no se quedó ahí: “No hay metodología científica que permita aseverar qué niveles de afectación tenemos, porque no se ha podido acceder a realizar un muestreo de los campos”, dijo.

“Esta situación requiere de gestión, sin especulación, por eso no estamos tirando cifras sin sentido, sino trabajando para solucionar los problemas del productor”, agregó Delgado tras reunirse con intendentes bonaerenses y sobrevolar zonas inundadas.

Por último, el funcionario estimó que “las imágenes satelitales indican que hay aproximadamente de 2,5 a 3 millones de hectáreas afectadas por anegamientos o inundaciones y se pueden estimar otras 3 millones encharcadas o con falta de piso”.