Cristina Kirchner y el ministro de Justicia, Julio Alak, fueron denunciados penalmente por haber propuesto para juez federal al ex secretario de Norberto Oyarbide, pese a que no integraba la terna de postulantes surgida del concurso que realiza el Consejo de la Magistratura.

La maniobra, adelantada el viernes por LPO, está destinada a beneficiar a Jorge García Davini, quien hasta hace un año fue secretario letrado de Oyarbide y ahora lo es de otro juez ligado al Gobierno, Sebastián Casanello. 

La denuncia contra Cristina y Alak fue realizada por la ONG Ciudadanos Libres, que encabeza el abogado José Mangiocalda, y paradójicamente recayó en el juzgado de Oyarbide.

En principio, García Davini quedó quinto en el concurso del Consejo de la Magistratura para cubrir el juzgado federal de Eldorado, provincia de Misiones. Pero tras la entrevista oral -en la que menor rigurosidad tiene la evaluación-, fue ubicado cuarto. Aún así, no le alcanzaba para ser propuesto por el Poder Ejecutivo al Senado, pero igual lo hizo.

"Lo decidido por la Presidente de la Nación y lo actuado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, en relación a la elevación del pliego de un aspirante a Juez Federal que no se encuentra incluido en la terna aprobada por el Consejo de la Magistratura vulnera la Constitución Nacional", sostiene la denuncia.  

El artículo 99 de la Constitución establece que el Poder Ejecutivo "nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura", agrega la presentación.

El diputado misionero y candidato a gobernador de la UCR, Gustavo González, había advertido de la irregularidad y denunció que la maniobra de Cristina y Alak representaba "una situación de gravedad institucional".

En diálogo con LPO, aseguró además que se sospecha que la movida tiene como fin que García Davini ocupe el juzgado federal de Eldorado y luego pida un traslado. Con esto, Eldorado -donde tramitan importantes causas de narcotráfico- volvería a quedar a vacante y el kirchnerismo pondría un magistrado afín en algún otro lugar clave.

La denuncia de la ONG contra la Presidenta y el ministro de Justicia es por los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad".