La crisis de Industrias Pescarmona (Impsa) que entró en default y que amenaza con dejar en la calle a miles de trabajadores calificados, obligó al Gobierno nacional a comprometerse con una gestión al máximo nivel ante el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que libere al menos un porcentaje de la deuda que mantiene con esta empresa mendocina por 950 millones de dólares.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se comprometió este viernes en Mendoza a hacer las gestiones necesarias para que Maduro pague “al menos” 150 millones de dólares y agregó afirmó que “se analizará” el pedido de Pescarmona para que el Gobierno se haga cargo de parte de los más de 1.000 sueldos que enfrenta la compañía.

Las novedades se dieron a conocer tras una amplia reunión en la Casa de Gobierno de Mendoza entre el gobernador Pérez, Tomada y Sofía Pescarmona de Impsa. También participaron de la reunión sindicalistas de la UOM y empresarios metalúrgicos nucleados en Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza), quienes en gran medida dependen de los trabajos que les encarga la firma mendocina.

La crisis se desató el lunes pasado, cuando el holding anunció que no podría hacer frente a vencimientos de obligaciones negociables por unos 25 millones de dólares, debido a la imposibilidad de cobrar acreencias por 1.200 millones de dólares por obras en Brasil y Venezuela.

La compañía anunció además que de inmediato era necesario despedir entre 200 y 300 empleados de su principal planta, en el carril Rodríguez Peña, Godoy Cruz, Mendoza.

El anuncio provocó la intervención de los ministros Débora Georgi (Industria), Axel Kicillof (Economía), Julio de Vido (Planificación) y el mencionado Tomada, quienes fueron contactados por Paco Pérez, preocupado por el impacto de esa crisis en la economía mendocina.

El impacto local

A la crisis de pagos que enfrenta en el exterior, se suma la recesión local. El responsable de Recursos Humanos de Impsa, Matías Massera, señaló que esta delicada situación financiera se agravó por la “poca o nula actividad” que Impsa tiene en el país.

Ante esa declaración, Paco Pérez se comprometió a hacer gestiones ante el gobierno nacional para que Impsa sea tenida en cuenta en futuras licitaciones, pero se cuidó de relativizar la queja. “Impsa está construyendo una turbina de una de las presas hidroeléctricas más grandes de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo. Se ha presentado a una licitación para el control y medición de una turbina en Yacyretá y también en el embalse Atucha”, afirmó.

Sin embargo, la preocupación de Paco Pérez no es casual. La crisis de Impsa golpea de lleno en al menos unos 90 talleres matelúrgicos mendocinos que dependen casi exclusivamente de los trabajos que les encarga esta compañia. Julio Totero, titular de Asinmet, explicó que en esos talleres, que en conjunto emplean a unas 1.000 personas, “la situación es muy delicada y ya varios de ellos pidieron el Repro –un programa de subsidios a sueldos del Ministerio de Trabajo- para poder evitar despidos”.

El propio Paco Pérez reconoció que se “está trabajando con proveedores locales de Impsa que han tenido dificultades, los estamos convocando para el plan Sustenta, de YPF, para ser proveedores de servicios petroleros y metalmecánicos para que asistan distintas necesidades surgidas en Ecuador y La Paz (Bolivia)”, y agregó que además “el Ministerio de Planificación va a destinar 40 millones de pesos para pagos a proveedores de Impsa que están trabajando en obras ya avanzadas”.