Anunciada una y otra vez en la última década, las obras de la ruta 67 vuelven a quedar paralizadas. Esta vez con serios agravantes: La empresa encargada de los trabajos rescindió el contrato y asegura que el gobierno nacional le adeuda 24 millones. Como consecuencia, 50 trabajadores recibieron esta semana telegramas de despido.
El tramo en cuestión tiene 67 kilómetros y une Coronel Suárez con Lamadrid, en el sudoeste bonaerense. Se trata de una ruta provincial pero ese tramo se estaba realizando a partir de un convenio con Nación. La obra se había licitado en dos segmentos: Desde Suárez, hasta la localidad de Colina -adjudicada a la empresa Burgwardt-Equimac- y desde allí a General Lamadrid que fue parte de otra licitación.
Burgwardt-Equimac decidió en los últimos días rescindir el contrato asegurando que el gobierno nacional le adeuda certificados de obra por 24 millones de pesos. Ayer, los trabajadores reclamaron en las puertas de la municipalidad. Se sabe que unos 50 recibieron telegramas de despido. “El problema es que la situación afecta también trabajos indirectos, como todas las personas que trabajaban proporcionando comidas e insumos a los trabajadores”, explicó a LPO el concejal de Coronel Suárez, Guillermo Sol (UCR).
En ese distrito, los reclamos de los vecinos por las obras llevan años. Incluso aseguran que la ruta figuraba como asfaltadas en muchos mapas de la Provincia. Los hechos indicaban lo contrario: Nunca dejó de ser un extenso camino de tierra donde los accidentes son cada vez más frecuentes.
En enero de 2012, cuando todavía no pesaban sobre él las causas judiciales que hoy lo jaquean, el vicepresidente, Amado Boudou, estuvo en Coronel Suárez y aseguró en público que la ruta estaría terminada en 2013. Hoy, la obra vuelve a quedar paralizada.
Gustavo Rodríguez, delegado de la UOCRA, dijo a La Nueva Provincia que la empresa siempre cumplió con los empleados. “De hecho, nos ha pagado el sueldo al día, pese a que ellos no recibían el pago de los certificados”, manifestó.
El martes marcharon al municipio para que las autoridades intercedan ante la Nación y puedan retomar las tareas. Pero en Suárez no hay demasiado optimismo. Si bien el intendente es Osvaldo Fuentes Lema, el mandamás es Ricardo Moccero, hoy diputado provincial y delfín de Alicia Kirchner.
Moccero sólo tiene críticas para el ministro de Asuntos Agrarios, Alejandro “Topo” Rodríguez y calla todo cuestionamiento hacia el gobierno nacional. Además, desde Suárez aportan un dato llamativo: El asfalto en la ruta 67 llegó justo hasta la entrada del campo de Moccero.
El secretario de Gobierno de Suárez, Gustavo Moccero, dijo ayer que le tuvo que pedir a su hermano Ricardo y al diputado Fernando “Chino” Navarro “que se muevan urgente”. Además, aseguró que le solicitó una audiencia con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para pedirle una solución.
Otro tramo en emergencia
Otro sector de la 67 fue recientemente motivo de fuertes protestas en esa región del sur bonaerense. Se trata del trayecto que une Coronel Suárez con Pigüé, que ya fue licitado con un presupuesto oficial de $ 84 millones.
Desde el ministerio de Infraestructura explicaron a LPO que se trata sólo de una primera etapa de unos 25 kilómetos, el resto de la obra está prevista para el año que viene.
Semanas atrás, docentes del distrito de Saavedra habían dicho que no viajarían a dar clases a la localidad de Arroyo Corto (una pequeña localidad enclavada en la 67) hasta que no se repare la ruta.
El ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, dijo que en las próximas semanas comenzarán los trabajos de repavimentación. Pero las obras se demoran y la impaciencia de los vecinos vuelve a brotar.
Anoche, una camioneta que viajaba de Pigüé a Suárez chocó contra un camión al intentar esquivar un pozo. El conductor, Hugo Olariaga, resultó herido con un corte en la frente, y tuvo que ser asistido por bomberos. Tras el accidente el jefe comunal de Suárez amenazó a funcionarios provinciales con cortar la ruta "hasta tanto el gobierno garantice que la circulación de vehículos no comprometa la integridad física de los vecinos".
Finalmente se dejó de lado la idea del corte y se resolvió colocar puestos de control policial con patrulleros sobre los puntos más comprometidos la traza a fin de lograr que los conductores reduzcan la velocidad.
