El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, fue imputado por haber consignado un domicilio presuntamente falso en algunos de sus documentos, entre ellos el DNI.

El fiscal federal Gerardo Pollicita respondió la consulta que le formuló, tal como lo establece el Código Procesal, el juez Ariel Lijo, en cuyo juzgado recayó la denuncia a partir de una nota periodística donde se revelaban las irregularidades en los documentos.

Esa publicación reveló que en el DNI del vicepresidente figuraba como domicilio una casa de Villa Urquiza, en la que también estaba registrado el automóvil Audi A4 en el que fue robada su pareja, Agustina Kampfer, pero esa nunca fue su vivienda.

A raíz de esa denuncia, surgió que Boudou habría consignado un domicilio también inexistente en la localidad balnearia de San Bernardo cuando era secretario de Hacienda del Municipio de la Costa, cargo por el cual también afronta una causa penal.

El dictamen del fiscal Pollicita implica, en los hechos, el inicio formal de una causa penal contra Boudou, quien podría resultar imputado por una serie de delitos, el principal de ellos “falsificación de documentos”.

Según el artículo 293 del Código Penal, “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio”; el 296 establece que “el que hiciere uso de un documento o certificado falso o adulterado, será reprimido como si fuere autor de la falsedad”.

El fiscal solicitó información acerca de todos los vehículos registrados a nombre de Boudou,  sus declaraciones juradas de bienes y domicilios consignados en su DNI desde que llegó a la función pública.

La denuncia contra Boudou fue formulada por el abogado Santiago Nicolás Dupuy de Lome, quien se confiesa cercano al PRO y acostumbra a este tipo de presentaciones a partir de hechos de dominio público.