El Gobierno logró esta madrugada sancionar la ley de abastecimiento, que le permitirá al secretario de Comercio Interior Augusto Costa multar a empresas cuando considere que apliquen precios abusivos.

Tras 12 horas de debate, también se sancionaron la ley que crea un fuero especial para tratar temas sobre consumo y el observatorio de precios.

La ley de abastecimiento se sancionó con 130 votos, uno más que la mayoría, aunque se abstuvieron el bloque Unidad Popular y 2 neuquinos (Alicia Comelli y Adrián San Martín) que hubieran permitido sancionarla con menos.

Como adelantó LPO, Martin Insaurralde votó a favor, pese a que Sergio Massa le había advertido que si lo hacía quedaría lejos del Frente Renovador.

Los nuevos aliados fijos del oficialismo son el canillita Omar Plaini y Ramona Puchetta, ex aliada de Raúl Castells. El primero lo hace identificado con Daniel Scioli y la ex pitquetera también viaja a La Plata.

El observatorio de precios logró 136 votos a favor y 104 en contra; y el fuero para tratar temas de consumo tuvo apoyo de la mayoría de los bloques y alcanzó 202 votos afirmativos y sólo 36 negativos.

El único aspecto cuestionado por esta norma es que elimina el Tribunal de Defensa de la Competencia, que nunca funcionó.

Los tres proyectos se debatieron en forma conjunta durante 12 horas, pero casi todo giró en torno a la ley de abastecimiento. La sesión se inició pasado el mediodía con un quorum obtenido por el oficialismo -139 legisladores.

El kirchnerismo tuvo la ayuda de los diputados que responden al gobernador cordobés José Manuel De la Sota, Juan Schiaretti, Carlos Caserio y Blanca Rossi; y los 5 de Compromiso Federal (Lino Walter Aguilar, Berta Arenas, Ivana Bianchi, Raúl Muller, Fernando Salino), el bloque que responde a Adolfo Rodríguez Saá. 

Hace un año estos bloques también aportaron en el quórum. Ocurre que es fecha de tratar el presupuesto y los gobernadores tienen que negociar obras y fondos para las universidades. 

El programa original preveía 24 horas de debate, pero pasadas las 22 un acuerdo entre los presidentes de bloque resolvió acorar la lista de oradores y limitarlas a 5 minutos y así la votación llegó poco después de las 2.

“A nosotros nos gusta estar en la defensa de los más débiles. Nos gusta que la oposición se quede donde está. Toman posiciones inmediatas cuando huelen que hay un poder del otro lado”, celebró en el cierre Juliana Di Tullio, jefa del bloque oficialista.

“Le tienen miedo a la discrecionalidad de un funcionario y no a la de una empresa monopólica. ¿O acaso es Cristina Kirchner la que vacía las góndolas?”.

“No olvidemos que aquello que no se legisla explícitamente para el débil se legisla implícitamente para el débil”, cerró con una cita de Scalabrini Ortiz.

Federico Pinedo del Pro, había definido la polémica ley como necesaria para “poder a algunos funcionarios del Poder Ejecutivo como una forma de control político y con absoluta arbitrariedad. Las leyes que estamos tratando no son para defender al consumidor, porque existe una Ley de Defensa del Consumidor”, señaló Federico Pinedo, del PRO.

Mario Negri, de la UCR, se burló de la comparación que hizo Augusto Costa con la legislación suiza. “Es para controlar las exportaciones e importaciones. Esta ley sólo existe en Venezuela y en Ecuador”.

“La edulcoraron un poco, sacaron la pena de prisión, pero sigue siendo la vieja Ley de Abastecimiento. El que va a perder la esperanza es el consumidor, porque se va a quedar sin respuestas y sin instituciones”, pronosticó.

Largo debate

El debate comenzó con un impetuoso discurso de la ultrakirchnerista Diana Conti, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, informante del oficialismo. Resaltó que la iniciativa apunta a que "el Poder Ejecutivo tenga los instrumentos para defender de mejor manera a los usuarios y consumidores".

Sugirió una posible intervención en el agro, opción minimizada ayer por Augusto Costa, quien había calificado "un disparate" creer que se podían expropiar los silo bolsa. Conti se refirió a ese riesgo de otra manera: "Y si el Estado quiere disponer de la mercadería, ¡ustedes griten que esto es incostitucional!". Más tarde Juliana Di Tullio aclaró que jamás habló de ir a los campos.

Martín Lousteau (Suma+Unen) señaló que la ley impulsada por el Gobierno "no es un instrumento idóneo para bajar la inflación" porque, alertó, la causa de esa problemática son los "horrores macroeconómicos".

La massista Graciela Camaño respondió a las acusaciones del oficialismo al advertir que "no nos pueden venir con el cuento de que defendemos la concentración económica cuando a largo de once años otorgaron subsidios que a veces resultan inexplicables".

La radical Patricia De Ferrari, presidenta de la comisión de Defensa de la Competencia, apuntó que la ley que impulsa el Gobierno tiene "irregularidades y vicios insalvables" y es "anacrónica y vetusta".

Para el diputado del Frente Renovador y ex titular de la UIA, José Ignacio De Mendiguren, la propuesta del oficialismo es "inconstitucional" y alertó que "acorralar a la inversión es un error estratégico grave", porque afectará la recuperación de la economía del país.

El macrista Pablo Tonelli sostuvo que esta ley "atrasa más de 50 años" y advirtió que la propuesta "es una gran delegación de las facultades que el Congreso haría al secretario de Comercio", Augusto Costa.

Su compañero de bancada, Federico Sturzenegger apuntó que "esta ley somete a toda la actividad económica a la sanción y apriete arbitrario y discrecional de los funcionarios" y señaló que normas de este tipo se aplicaron a la carne, a la energía y al dólar y "los resultados: la carne más cara que en Estados Unidos, la energía la tenemos que importar y el dólar está a 15 pesos y cada vez faltan más".

En tanto, Margarita Stolbizer (GEN) consideró que "para defender a los usuarios, consumidores y la libre competencia, existen muchas leyes vigentes. No hacen falta nuevas. Lo que hace falta es cumplirlas y un estado con funcionarios honestos y competentes que controle".

Otro de los que se manifestó en contra de la reforma de la Ley de Abastecimiento fue Claudio Lozano (Unidad Popular), quien desafió al kirchnerismo a "dar un debate sobre el capital concentrado" y advirtió que "el Gobierno tiene las herramientas para intervenir y normalizar las ganancias del capital concentrado".