Dos ministros, varios funcionarios, reuniones de emergencia, propuestas y gestiones ante la Nación. Así respondió el gobierno de Paco Pérez a la crisis de IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anómina), que este martes anunció que no podrá hacer frente al vencimiento de obligaciones negociables por no contar con los fondos necesarios.

La situación impactó como una bomba en el Ejecutivo mendocino, consciente de la magnitud económica de la empresa y de su valor simbólico en la provincia. Así, Paco Pérez designó a dos ministros (Marcelo Costa, de Agroindustria, y Rofoldo Lafalla, de Gobierno) para que encabecen una comisión de emergencia que analice la situación, escuche los pedidos de ayuda de la compañía y elabore un plan de acción. 

Al mismo tiempo, los funcionarios provinciales han mantenido reuniones con los ministros nacionales Axel Kicillof, Julio de Vido y Débora Georigi, para intentar elaborar un salvataje conjunto a IMPSA.

En ese sentido, la funcionaria admitió esta mañana que el gobierno nacional está analizando una posible participación del Estado Nacional en el paquete accionario del Grupo Pescarmona a modo de salvataje.

En declaraciones radiales, afirmó que "lo estamos decidiendo" porque aún "estamos trabajando en conjunto con la empresas y distintas áreas de gobierno".

No obstante, la ministra reiteró que se hará, "en tanto y en cuanto se preserven los intereses del Estado y los 1.700 puestos de trabajo". 

A su vez, el martes por la noche, cuando Paco Pérez participó de la reunión donde se firmó la paz por la nueva Ley de Hidrocarburos, el gobernador también interiorizó al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sobre la delicada situación.

Este miércoles en la mañana, se produjo la primera reunión del comité de crisis, donde IMPSA se comprometió a no despedir, “por el momento”, a un parte importante de sus mil empleados en Mendoza. Para eso, solicitó 1.000 Repro para hacer frente a los salario.

El Gobierno provincial, a través del titular de Trabajo, Rubén Boris, garantizó que haría las gestiones pertinentes a nivel nacional para conseguir “lo antes posible” la ayuda estatal. Al mismo tiempo, Boris indicó que este viernes, “es probable que venga a Mendoza el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, para interiorizarse de la crisis que vive la empresa".

Por otro lado, Pérez puso el foco en las 90 empresas contratistas de IMPSA, pequeños y medianos talleres metalúrgicos, que, en muchos casos, depende exclusivamente del trabajo que les encarga la empresa de Enrique Pescarmona.

“Vamos a trabajar para cuidar el empleo en IMPSA pero también en los talleres que trabajan para ésta”, afirmó Paco, que no pudo ocultar su preocupación. Para eso, según dijo Pérez, habló el lunes anterior con el CEO de YPF, Miguel Galuccio, de visita en Mendoza. “La idea es que IMPSA pueda dar servicio a YPF, y genere movimiento para sus contratistas”, detalló.

Mientras, desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza, su titular, Julio Totero, lamentó la situación, y pidió “obras en envergaduras para IMPSA en el país”. “Hay y habrá, esperamos que la empresa pueda ser la que haga esos trabajos para contrarrestar los problemas externos”, dijo.

En la misma línea se expresó Matías Massere, director de Recursos Humanos de IMPSA. “En el transcurso de este año se han despedido entre 70 y 80 personas producto de motivos externos y también por la baja de la actividad en el país. Nosotros esperamos que haya más trabajo, esa es la solución de fondo”, afirmó.

En ese sentido, el ejecutivo detalló que los atrasos en los pagos de trabajos en Venezuela y Brasil, por nada menos que 1.200 millones de dólares, llevó a IMPSA a esta delicada situación.