La Cámpora sigue avanzando contra el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, cuyas autoridades acordaron con Mauricio Macri para las elecciones del Consejo de la Magistratura, y ahora le quitó el control del Ente de Reincidencias, que otorga los certificados de antecedentes penales.

El ministro Julio Alak firmó un firmaron un convenio de “cooperación técnica y financiera” con el titular de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.), y Ricardo De Felipe, para “garantizar el mejor funcionamiento y la modernización de los métodos operativos del Registro Nacional de Reincidencia”.

Con este acuerdo, la FACA podrá a través de sus entes afiliados de todo el país operar el suministro del formulario correspondiente para la tramitación del Certificado de Antecedentes Penales.

Ese registro era manejado hasta hoy por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Cpacf), y tiene un presupuesto de 5 millones de pesos.

El ex titular del Colegio, Jorge Rizzo, aseguró que “ni nos llamaron, nos enteramos por notificación con la decisión tomada”.

Rizzo denunció que se trata de una maniobra del viceministro de Justicia, el camporista Julián Álvarez, que se suma a otra de su mentor, Eduardo “Wado” De Pedro, que ayer presentó un proyecto de ley para controlar las matrículas federales de los abogados de todo el país.

El proyecto de Wado estipula que la matrícula sea otorgada por la Faca y no por el Colegio de Abogados de la Capital.

“Los Colegios de Abogados no están obligados a afiliarse a la Faca. ¿Cómo FACA les va a delegar funciones?”, advirtió Rizzo y añadió: “Si piensan que el CPACF les va a dar la base de datos, que se cuelguen de un árbol mientras cantan la marcha de San Lorenzo”.

Rizzo había denunciado ayer que ese proyecto forma parte del mismo acuerdo que denunció hoy tras el convenio que firmó Alak. “Es un arreglo de La Cámpora y Faca para comprarles el voto en el interior”, dijo Rizzo, en relación a los comicios que se realizarán la semana que viene para renovar el estamento de los abogados del interior que tiene el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar y remover jueces.