Mediante un proyecto de Ley presentado en la Legislatura Porteña, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires propuso la modificación de la Ley 1770, de Urbanización de la Villa 20, para que se le otorguen subsidios habitacionales a las familias desalojadas en el predio denominado “Papa Francisco” .

Personal de la Defensoría del Pueblo recorrió regularmente los paradores ubicados en Parque Avellaneda, Parque Chacabuco y Parque Pereyra, donde fueron reubicadas por el Gobierno de la Ciudad muchas de las familias desalojadas del predio Papa Francisco. 

También estuvo presente como veedora durante el desalojo, por orden de la Justicia, y se encuentra trabajando junto a los vecinos para encontrar una solución habitacional definitiva. 

En ese contexto, el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, expresó oportunamente su preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que quedaron las familias desalojadas, que “se encuentran en situación de calle por la falta de previsión del Gobierno de la Ciudad. Los paradores no son una solución. El Ejecutivo local tiene que actuar de inmediato para brindarles una salida habitacional definitiva. Estas familias son víctimas del desamparo y de los delincuentes que lucraron con sus necesidades al construir y alquilar viviendas en tierras del Estado”.

Luego del desalojo, la Defensoría del Pueblo exigió al Gobierno de la Ciudad el efectivo cumplimiento de la Ley Nº 1770 y la implementación de una política habitacional que contemple y supere la situación de calle en la que se encuentran muchos de los vecinos. 

En ese marco, presentó un proyecto para modificar la Ley 1770, y que de forma inmediata se proteja el derecho a la vivienda de las las familias que quedaron en situación de emergencia habitacional o en situación de calle luego del desalojo, con una suma de dinero a fin de resolver la situación de forma parcial, hasta tanto se haga efectiva la urbanización de la Villa 20 y se les provea una solución habitacional definitiva.

Serán beneficiarias del subsidio todas las personas que se encuentren incorporadas en el censo llevado a cabo por el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con veeduría de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en julio pasado.

El proyecto, propone además que se exija a los beneficiarios efectuar controles periódicos de salud y desarrollo nutricional a embarazadas y menores, y cumplir con la asistencia y permanencia en la escuela, como condición determinante para percibir el subsidio.