A poco de cumplir sus dos primeros años como presidente de México, Enrique Peña Nieto tiene una imagen negativa del 48 por ciento, diez puntos más de la que tenía hace un año. El 60 por ciento de los mexicanos rechaza también sus políticas económicas, una cifra que creció catorce puntos respecto a 2012.

Los números -surgidos de un trabajo que publicó el mes pasado el Pew Research Center- pueden sonar catastróficos para un presidente que aún tiene cuatro años de mandato por delante y que el año que viene enfrentará su primer gran desafío electoral, en unos comicios regionales que pueden marcar el rumbo de lo que le queda de Gobierno.

Sin embargo, los analistas creen que el panorama a futuro no es tan desalentador y lo peor ya pasó para Peña Nieto. Es que el líder del PRI arriesgó todo el capital político que traía de su triunfo electoral del 2012 con una serie de reformas que minaron su popularidad, como un fuerte ajuste fiscal que aumentó y creó impuestos.

La fiscal, principal motivo del descontento social, fue parte de un paquete de reformas que Peña Nieto logró sacar en veinte meses, como la educativa, telecomunicaciones y energética. En todos los casos, los debates se dieron en medio de feroces disputas que golpearon la imagen del presidente. Como decía Maquiavelo, “el mal se hace todo junto y el bien se administra de a poco”.

En eso está el mexicano ahora, encarando lo que denomina “etapa de transformación”. Algunos indicadores de cara a 2015 parecen darle la razón. El Gobierno estima que el PBI crecerá 3,7%, aunque analistas creen que será mayor. En 2013, creció 1,1% y para este año se espera que esté en torno al 2,5%. Además, iniciará un plan de obras de infraestructura por 590 mil millones de dólares para reflotar la actividad, que tendrán como emblema la construcción del nuevo aeropuerto del DF, un futurista proyecto del estudio Foster que hará de ese aeropuerto uno de los más modernos y de mayor capacidad del mundo.

El costo de las reformas

Peña Nieto tiene el año que viene una prueba de fuego. El 7 de junio se realizarán las elecciones de medio término y una derrota podría ser letal para la segunda mitad de su gestión. Un triunfo, en cambio, sería el despegue para que el PRI se consiga un nuevo sexenio en el poder en 2018. Es por eso que necesita de manera urgente que sus reformas empiecen a tener efectos visibles para los ciudadanos.

“Se trata de reformas cuyos efectos tangibles en el bienestar de la población se verán -si todo sale bien- después de terminado el sexenio de Peña Nieto”, escribió el analista Vidal Romero, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Stanford. “¿Por qué entonces impulsó estas reformas el presidente? La respuesta es relativamente sencilla y tiene que ver con el deseo de los presidentes por dejar un legado positivo. Dado que no hay reelección y el legado es una construcción de largo plazo, los efectos inmediatos de las reformas no debieran pesar fuertemente en el ejecutivo”, agregó en una columna en CNN México.

“Un poco más complicado es explicar por qué el partido del presidente, el PRI, estuvo de acuerdo con invertir su capital en reformas que darán resultados concretos a los electores probablemente hasta después de las elecciones presidenciales de 2018 (…) Por ahora el PRI y el presidente Peña Nieto sólo pueden vender promesas”, agregó Romero.

Otros analistas son mucho más optimistas y creen que sí tendrá resultados antes de 2018 y abrirá la puerta a que el PRI se mantenga en el gobierno. “Sería un gran error apostar en contra de Peña Nieto. Para la próxima elección presidencial, en el 2018, el país estará en plena cosecha de los cambios económicos. Y el resultado de esa elección puede que consolide al PRI en el poder por décadas”, sostuvieron Peter Schechter y Jason Marczak, del Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council, en una nota en El País.

Claro que no todas son rosas y hay quienes consideran que las reformas serán letales para el futuro económico del país. El diputado Ricardo Monreal Ávila alertó sobre una “gran crisis de deuda pública” por el costo financiero de las reformas. “¿De dónde saldrán los recursos públicos para financiar buena parte de estos proyectos? El gobierno parece tener adicción por los bonos de deuda soberana”, agregó.

Diferentes modelos

Pero más allá de las críticas puntuales a los programas, lo novedoso es la apuesta de Peña Nieto a una política a futuro, aún sabiendo que él no será el principal beneficiado en términos políticos ya que no puede acceder a la reelección.

Puede asimilarse al caso de Michelle Bachelet. En su primera gestión, la mandataria chilena encaró algunas medidas de ajuste en los primeros meses que impactaron en su imagen positiva. Pero el tiempo le dio la razón y el país pudo hacer frente a la crisis internacional de 2008 con cierta solidez. Tan es así que en enero de 2009 lanzó un plan de estímulos de más de 4 mil millones de dólares, inédito en la historia de Chile y este año pudo regresar a la Presidencia en una elección prácticamente plebiscitaria.

Así como se puede asimilar al caso de Bachelet, se puede contrastar con el caso de los Kirchner. Néstor y Cristina nunca quisieron hacer ajustes serios para modificar de raíz algunos problemas profundos de la economía, por temor a tener que pagar el costo político. En cambio, apostaron a mantener los indicadores con medidas cortoplacistas, desoyendo las advertencias de quienes preveían los inconvenientes actuales, que entre otras cosas han dejado al kirchnerismo sin la posibilidad de construir un candidato propio.

Se trata de modelos y cálculos políticos completamente diferentes, pero igualmente peligrosos. El costo de hacer las reformas necesarias pero impopulares, y el riesgo de evitarlas y pagar el mismo costo pero a futuro. Miradas a corto o largo plazo, “el mal todo junto” más tarde o más temprano. 

El caso que muestra más marcadamente los diferentes modelos es el de las políticas energéticas. El kirchnerismo pasó de dejar durante mas de dos mandatos que Repsol hiciera lo que quisiera a expropiar YPF y comenzar a buscar al mismo tiempo inversiones extranjeras para reactivar la derrumbada producción. Claro que este intento de "seducción" de capitales chocó de frente con el cepo cambiario, la alta inflación, la prohibición de remisión de utilidades y otras medidas que espantan inversores.

Pero acaso más grave fue la "política" que el kirchnerismo aplicó al sector eléctrico. Pisó las tarifas por temor al descontento social y se consumió la inversión de la década de los 90, dejando empresas al borde de la quiebra, un sector destartalado que ya no puede garantizar el suministro como se vio en los cortes masivos de fin de año y lo que es peor: Ahora el atraso tarifario es tan grande y la falta de inversión tan gravosa, que cuando llegue el ajuste será brutal y difícilmente logre corregir en el mediano plazo el déficit de infraestructura acumulado. 

Peña Nieto, en cambio, emprendió al inicio de su gobierno una reforma petrolera histórica en un país donde la propiedad nacional del petróleo, como bien dijo el propio presidente méxicano, es "casi un asunto religioso". Pero tan cierto como eso es que la estatal Pemex estaba ya sobre el final de un ciclo de decadencia, con muy baja exploración y un presupuesto reventado por el abuso de sus fondos y su plantilla para fines políticos.

El mexicano logró lo que a todos parecía imposible y abrió la empresa a capitales privados, siguiendo un poco el modelo de la brasileña Petrobrás. Tuvo que enfrentar a los detractores del ingreso de inversiones extranjeras en el sector de hidrocarburos, monopolizado por Pemex, pero según un trabajo del Deustche Bank, sólo esa reforma atraerá inversiones por unos u$s 20 mil millones al año, casi un 1,5% del PBI mexicano.

Los mencionados Schechter y Marczak creen que haber arriesgado con esa medida en el inicio del mandato le servirá a Peña Nieto para tener “una importante entrada de capital y recursos externos que aumentarán la producción de energía, reducirán las facturas de gas y electricidad y, según las estadísticas del Gobierno, crearán 2,5 millones de empleos para el 2025”.

“Para los mexicanos, el éxito político de la reforma sucederá cuando el Gobierno sea capaz de cumplir su promesa de ofrecer tarifas eléctricas a precios más bajos. Hoy en día, la tarifa eléctrica mexicana es aproximadamente un 25% más alta que la de Estados Unidos. Por eso el objetivo primordial es la reestructuración de las tarifas”, completan los analistas, marcando otra diferencia con la actual discusión en Argentina, donde los consumidores empiezan a sufrir haber tenido tarifas de energía congeladas durante años.