Las declaraciones de Mauricio Macri acerca de quitar el impuesto a las Ganancias a los trabajadores y eliminar las retenciones al trigo, maíz, girasol y a las economías regionales reabrieron el debate sobre la necesidad de instrumentar un nuevo esquema tributario para reactivar la economía.

El resto de los principales candidatos a presidente -Daniel Scioli y Sergio Massa- eligieron ser más prudentes a la hora de las promesas de campaña. Tanto el gobernador bonaerense como el líder del Frente Renovador apenas prometieron bajar unos puntos las retenciones.

Sin embargo, hubo un denominador común entre los tres presidenciables: ni Macri, ni Scioli ni Massa se animaron a prometer eliminar las retenciones a la soja que, en principio fueron del 10% en 2002, pero luego, durante la era kirchnerista, fueron subiendo gradualmente hasta alcanzar el actual 35%.

Sólo el jefe de Gobierno porteño, en su plan de propuestas para la agroindustria, habló de bajar cinco puntos por año las retenciones al complejo sojero para que en un plazo de siete años (casi dos mandatos) el impuesto definitivamente no exista más.

En este contexto, surge un interrogante que La Política Online planteó con varios especialistas en la materia: ¿Por qué resulta prácticamente imposible para la clase política argentina eliminar un impuesto distorsivo que no existe en casi ningún lugar del mundo?

En primer lugar, hay un dato clave que permite entender parte de la problemática. Actualmente casi la mitad de la obra pública de las provincias se financia con recursos del Fondo Federal Solidario (más conocido como “Fondo Sojero”), según un informe de la consultora Economía & Regiones.

“Este año advertimos un aumento importante en la dependencia del Fondo Sojero ya que en el primer semestre de 2013 esos recursos solventaron un 29% de las obras provinciales y hoy se ubica en el 40%”, comentó a LPO Verónica Sosa, especialista de la firma antes mencionada.

“La utilización del Fondo Sojero para financiar obras públicas seguramente actuará en esta segunda mitad de año como variable de ajuste teniendo en cuenta la declaración del default que encarece aún más la obtención de fondos”, afirmó Sosa.

Así las cosas, en los primeros seis meses de este año el Gobierno transfirió a las provincias $ 8169 millones en concepto del Fondo Sojero (+37,6%). En tanto, la mayor parte de los recursos fueron asignados a Buenos Aires ($ 1733 millones), Santa Fe ($ 705 millones), Córdoba ($ 701 millones), Chaco ($ 394 millones), Entre Ríos ($ 385 millones) y Tucumán ($ 375 millones).

“La Nación y las provincias se volvieron ultra/dependientes de los recursos que genera la soja; hoy las retenciones representan más del 5% de la recaudación del Estado y superan el 50% del total de los ingresos por exportaciones”, dijo a LPO el consultor económico Salvador Di Stefano.

“En actual escenario político y económico las retenciones aplicadas a la soja serán parte del esquema tributario por un buen tiempo más”, señaló Di Stefano, y agregó que “otros impuestos en un inicio fueron transitorios y luego se implantaron definitivamente”.

En este escenario, las empresas agroexportadoras nucleadas en CIARA/CEC anunciaron este lunes que la semana pasada liquidaron divisas por un total de u$s 242 millones, al tiempo que en lo que va del año esa cifra asciende a u$s 18.147 millones.

Para tener una idea de la evolución histórica de la liquidación de divisas del agro durante la última década, cabe mencionar que en 2003 se liquidaron u$s 9450 millones; en 2008, u$s 21.900 millones; en 2009, u$s 16.198 millones; en 2011, u$s 25.133 millones; y en 2013, 23.208 millones.

Como sea, lo cierto es que la brutal caída en el precio internacional de la soja (este lunes la posición noviembre cerró en 362 dólares), la suba de costos internos y las retenciones del 35% van a generar serios problemas para los productores de cara a la próxima campaña 2014/15.

“La soja está a un precio por debajo de los costos de producción fundamentalmente en las zonas más alejadas a los puertos”, aseguró a este medio el empresario Gustavo Grobocopatel. “Si persisten los bajos precios, indudablemente, se va a reducir el área sembrada”, advirtió.

Respecto a la retención de soja por parte de los productores, Grobocopatel consideró que “hay un 10% más guardado (en los silobolsas) que en otros años porque en el interior hay un problema enorme por las inundaciones y resulta muy difícil sacar la cosecha de los campos”.

“El productor no se puede guardar el producto de manera indefinida porque tiene que pagar sus cuentas y además hay riesgo de que se descomponga el producto; la soja es la moneda de cambio y se va a administrar así por dos o tres meses más”, concluyó el empresario.