El martes pasado La Política Online publicó en exclusiva que la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió quitarle la administración de sus campos al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por las pérdidas que generaba.

La noticia generó una enorme polémica en el sector agropecuario y en el ámbito académico dado que se pensaba que el organismo técnico era el adecuado para administrar las más de 5000 hectáreas que posee la casa de estudios en las localidades de Carlos Casares y San Pedro.

En este contexto, la UBA informó mediante un comunicado de prensa enviado a esta redacción que "el convenio con el INTA finalizó de común acuerdo entre ambas instituciones" y que de ahora en más "autogestionará sus campos".

La respuesta de la Universidad viene al caso ya que las autoridades del INTA sospechan que el rector, Alberto Barbieri, quiere beneficiar a sociedades "amigas" otorgándoles la administración de dichas tierras productivas.

Así las cosas, lo cierto es que, según consta en el expediente UBA 14.908/2013 firmado el 24 de abril del año pasado, el contrato con el INTA era para administrar los campos por el término de cuatro años.

El tema es que dicha resolución fue firmada en ese entonces por el ex rector, Rubén Hallú. En marzo de este año Hallú dejó el rectorado y resultó electo Barbieri quien, tal como adelantó este medio, decidió dar de baja el contrato con el INTA despertando la furia de su presidente, Francisco Anglesio, que responde a Máximo Kirchner.

Como sea, lo cierto es que la administración de los tres campos de la UBA ("San Claudio", "Peruilh" y "Los Patricios") despertaron el interés de unos cuantos en el agro y, muy rápido de reflejos, el presidente de Federación Agraria (FAA), Eduardo Buzzi, le ofreció a Barbieri los servicios de la entidad.

En cualquier caso, según pudo saber LPO, lo concreto es que los honorarios que le cobraba el INTA a la UBA por administrar sus campos superaban por amplio margen la media de lo que paga el mercado.