El impuesto que creó Mauricio Macri para retenerle un 3% de las ventas a la empresa Netflix, la principal proveedora de series y películas por internet, sería inconstitucional.

Así lo denunciaron tanto los legisladores de Unen como el titular de la asociación Consumidores libres, Héctor Polino, que aseguró que esto tiene que ser discutido como mínimo en la Legislatura porteña”.

En diálogo con Radio América, el ex diputado socialista dijo que “el impuesto es inconstitucional” puesto que “ni siquiera el jefe de gobierno firma la resolución”, que lleva la firma de Carlos Walter, el titular de la Agip.

“El establecimiento de un impuesto, de ingresos brutos, que se le va a aplicar a una determinada actividad, no lo puede hacer un funcionario de la noche a la mañana, publicando una resolución el Boletín Oficial y diciendo que a partir de, en este caso el primero de noviembre, comienza a aplicar ese recargo”, enfatizó el titular de Consumidores libres.

En tanto que los legisladores porteños de la Coalición Cívica, Paula Oliveto y Maxi Ferraro, fueron a la Justicia para declarar la inconstitucionalidad del impuesto. Oliveo explicó que "esta medida debió haber pasado por la Legislatura para su tratamiento y aprobación conforme a la Constitución de la Ciudad".

“Hacemos una presentación judicial porque entendemos que el Ejecutivo no tiene competencia en materia impositiva", dijo Oliveto y agregó que "con este atropello se desconoce a los representantes del pueblo y con ese desconocimiento se genera un desprecio republicano".

El inciso 2 del artículo 80 de la Constitución de la Ciudad, establece que es la Legislatura la que legisla en materia “administrativa, fiscal, tributaria, de empleo y ética públicos, de bienes públicos, comunal y de descentralización política y administrativa”.

“Es una retención a las empresas, no es impuesto, no necesita ley", apenas esbozaron ante LPO desde el Ejecutivo porteño.

En Rentas se ampararon en el inciso 19 del artículo 3 del Código Fiscal, que le permite al organismo recaudador “implementar dentro de lo establecido en el presente Código, nuevos regímenes de percepción, retención, información, pagos a cuenta y designar los agentes para que actúen dentro de los diferentes regímenes”.

Pero Netflix estaría exenta del impuesto por un artículo del mismo Código fiscal, según advirtió un abogado tributarista a LPO.

Se refería al artículo 177, que establece que están exentos del pago de ingresos brutos “Los ingresos provenientes de la edición de libros, diarios, periódicos, revistas, videogramas y fonogramas, en todo proceso de creación cualquiera sea su soporte (papel, magnético u óptico, electrónico e internet, u otro que se cree en el futuro), ya sea que la actividad la realice el propio editor o terceros por cuenta de éste, con excepción de las previstas en el inciso b) del artículo 6 de la Ordenanza Fiscal N° 40.852. Igual tratamiento tiene la distribución, venta y alquiler de los mismos. Están comprendidos en esta exención los ingresos provenientes la locación de espacios publicitarios en tales medios (avisos, edictos, solicitadas, etc.)”.

Por esta razón, el argumento de Carlos Walter chocaría con lo establecido por el mismo Código. Es que si un impuesto está fuera del Código por no previsto, o porque expresamente el Código lo exime, el tributo debe crearse por ley, como indica el artículo 80 inciso 2 de la Constitución porteña.

Bronca en el PRO

El caso Netflix sacudió al PRO, que quedó en off side ante la misma Cristina Kirchner, que anoche verdugueó a Macri desde la Rosada y recomendó la serie The Killing.

Como explicó LPO, la pésima repercusión que tuvo la medida fue una mala noticia para el líder del PRO, que apuesta a forjar una relación directa con la sociedad a través de las redes sociales y las plataformas digitales como una parte fundamental de su campaña presidencial, en un trabajo que hasta este verdadero tiro en el pie, venía desplegando un extenso equipo conducido por el secretario General, Marcos Peña.

Puertas adentro del PRO, los cañones apuntaron a Carlos Walter, a quien acusan no sólo de haberse mandado en soledad, sino de no haber comunicado la medida de una manera más eficiente.

El titular de la Agip es cuestionado tanto por “falta de timing” como por subestimar las consecuencias que podía acarrear la creación de un impuesto de manera solapada.

“Pensó que salía la resolución y no pasaba nada”, admitió a LPO una fuente del Ejecutivo.