Desde la Agencia de Recaudación Bonaerense (Arba) responsabilizaron a los municipios de Tigre y San Fernando por el fracasó el convenio que el gobierno provincial tenía con esas comunas por la recaudación del control impositivo de las embarcaciones.

El gerente de Vínculos Interinstitucionales de Arba, Ariel Notta, explicó que la decisión de la Provincia de rescindir el convenio con los municipios de la zona norte de la Región Metropolitana, “tiene como único objetivo la optimización en la administración del impuesto a las embarcaciones”.

El acuerdo, rubricado en 2005, establecía que los municipios tenían la obligación de inscribir y controlar las barcas amarradas en aguas de su jurisdicción, pero un operativo de fiscalización de Arba detectó que el 80% de las embarcaciones de Tigre, San Fernando y San Isidro no figuran en los registros de la Agencia.

Además, titular de ese organismo, Iván Budassi, intimó a 29.818 propietarios de yates y lanchas para que tributen por sus embarcaciones tal como lo prevé la legislación vigente – de ese total, 14.000 yates no declarados están amarrados en la localidad de San Fernando-.

Notta descartó que la medida “sea arbitraria”, tal como lo manifestó el intendente de San Fernando, Luis Andreotti, y funcionarios de la municipalidad de Tigre.

“La realidad indica que el acuerdo concretado durante el gobierno de Solá fracasó por impericia de las administraciones municipales, si no miremos la gran cantidad de yates y barcos que amarrados a pocas cuadras de esos municipios no paga impuestos”, aseguró.

A modo de ejemplo, Notta afirmó que “la ineficiencia en la administración del impuesto es tan absurda que no sólo había lanchas sin declarar, sino que también develamos la existencia de 43 guarderías náuticas que funcionaban sin ningún tipo de control en las propias narices de los funcionarios de Tigre y San Fernando”.

Notta dijo que “incluso en las guarderías náuticas que administra el municipio de San Fernando es alta la evasión, ya que hasta en el Parque Náutico San Fernando S.A. –el municipio tiene 51% de las acciones de este consorcio- descubrimos en amarre 361 embarcaciones fantasmas que no pagaban impuestos”.

Y relativizó el aumento de la recaudación del impuesto a las embarcaciones que esgrimieron los funcionarios de Tigre y San Fernando, al afirmar que “la suba de la que se jactaron los funcionarios municipales fue producto de dos medidas de administración tributaria realizas desde Arba: un reempadronamiento obligatorio que duplicó la cantidad de barcos registrados en pocos meses y una actualización de las valuaciones que incrementó la recaudación”.

El frustrado convenio contemplaba como obligación de los gobiernos locales la inscripción y el control de lanchas, yates y motos de agua.