La Cámara Federal denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez federal Norberto Oyarbide por haber sobreseído a los recaudadores de la campaña de Cristina Kirchner en 2007, acusados en la causa de la "mafia de los medicamentos" . El magistrado fue apartado de la investigación.

Fuentes judiciales informaron hoy que la Sala II de la Cámara Federal reprochó a Oyarbide no haber enviado ese tramo de la causa a su par Ariel Lijo, tal y como había ordenado el tribunal de alzada, para, en vez de ello, resolver a favor de los acusados de supuesto "lavado de activos".

Entre los beneficiados por Oyarbide estuvieron Héctor Capaccioli, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud; Hernán Diez, ex director de Lotería Nacional; Sebastián Gramajo, ex legislador kirchnerista; y el empresario farmacéutico Gabriel Brito.

Ahora la Sala Dos, compuesta por Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, revocó esos sobreseimientos al entender que Oyarbide no debió resolver en ese tramo de la investigación y debió remitirla a su par Lijo, a quien la Cámara había atribuido el caso en 2012.

Por ello, los camaristas declararon la "inexistencia" del fallo y remitieron lo ocurrido a la Comisión de Disciplina y Acusación de la Magistratura para "ponerla en conocimiento" del asunto.

Además de los aportes a la campaña presidencial de 2007, Cappacioli y el ex sindicalista bancario Juan José Zanola, entre otros, irán a juicio oral acusados de asociación ilícita, adulteración de medicamentos, defraudación, fraude en perjuicio de la administración pública y comercialización de productos con marca registrada falsificada. El juicio será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Oscar Hergott, pero aún no tiene fecha de iniciación. 

La investigación de la llamada "mafia de los medicamentos" comenzó en realidad a partir del "triple crimen de General Rodríguez", como se conoció a los asesinatos de los jóvenes empresarios del rubro de los remedios Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón.

Las pesquisas abiertas a partir de ese hecho llegaron hasta un importante número de personas vinculadas con ese negocio, pero también a funcionarios y gremialistas, entre ellos Capaccioli y Zanola.

En ese tramo de la causa se investiga la venta de fármacos adulterados y la defraudación al Estado por parte de droguerías y de obras sociales para cobrar por remedios y tratamientos médicos que nunca se realizaron. 

Brito, ex propietario de la empresa de auditoria médica, "Global Farmacy Service S.A.", figura como aportante de 310 mil pesos –en cuatro cheques – a la campaña de Cristina. En tanto,  Capaccioli está acusado de irregularidades en el traspaso de 48 millones de pesos a 52 obras sociales en concepto de reintegros por tratamientos médicos complejos que nunca se habrían realizado.

En su fallo de abril, Oyarbide sostuvo que "en virtud de no haberse logrado incorporar nuevos elementos que permitan adoptar un temperamento de mayor gravedad procesal y no restando más medidas conducentes por realizar, es que corresponde evaluar la adopción de resolución de carácter definitivo". 

Ahora esa decisión fue declarada "inexistente e ineficaz" y anulada por la Sala II. Los jueces recordaron que la intervención de Oyarbide en ese tramo de la causa se extendió hasta abril de 2012, pero aún así un año después se expidió sobre el mérito de los acusados y la Cámara lo dejó sin efecto. "No obstante, el Dr. Oyarbide volvió a incurrir en la misma irregularidad que ya se había detectado antes en la causa", indicaron.

"No habrán de presumirse aquí las razones que pudieron llevar a repetir esa irregularidad. Pero sí habrá de observarse que, cualquiera sean esos motivos, un fallo dictado en semejantes condiciones torna aplicable la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para supuestos asimilables, según la cual la omisión de las formalidades sustanciales del fallo determinan su inexistencia", dice el fallo.

"La entidad de la irregularidad condujo a disponer el apartamiento del Dr. Oyarbide de la causa 1787/07 (lavado de dinero) y sus conexas (asosiación ilícita, "mafia de los medicamentos") y su remisión a sorteo para asignar el expediente a otro juez. Además se puso la situación en conocimiento de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación", comunicaron los jueces.

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, presidida por la senadora kirchnerista Ada Iturrez de Cappellini, ya citó a Oyarbide para que dé explicaciones por su anillo de diamantes pero trabó otras causas, como el allanamiento que frenó por pedido del número dos de Zannini.