La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires falló a favor de la Municipalidad de San Isidro en un viejo litigio que mantenía con la provincia por la famosa ley 11.757, que regula las relaciones laborales de los empleados municipales. El fallo habilita una posible modificación de la ley en la Legislatura bonaerense, en donde los gremios buscarán avanzar en un nuevo estatuto marco que incluya las negociaciones colectivas.

Los municipales son uno de los empleados públicos peores pagos del país, no tienen paritarias, no tienen un marco legal que garantice su carrera y estabilidad laboral, y perdieron la antiguedad del 3 por ciento al 1 por ciento, a manos de esta ley ahora anulada para San Isidro, sentando jurisprudencia en la provincia.

El conflicto data de 1995, cuando se promulgó el “Estatuto para el personal de las municipalidades de la Provincia de Buenos Aires” que fue cuestionado al año siguiente por el entonces jefe comunal de San Isidro, Melchor Posse, un radical opositor a Eduardo Duhalde.

Posse hizo una presentación judicial considerando que la ley era “inconstitucional” por violar la “autonomía municipal”. La presentación judicial consideraba que la norma se inmiscuía en cuestiones locales como los requisitos de admisibilidad para el ingreso de trabajadores, el régimen de licencias, las razones de cese, y los derechos y obligaciones de los empleados, entre otras cosas.

Recién ahora, en un año político clave ya que en 2015 hay recambio de Gobernador, la Corte decidió tomar el caso y declarar insconstitucional 66 de los 110 artículos del Estatuto.

Pese a que el reclamo fue de un intendente, las consecuencias del fallo pueden traer futuros dolores de cabeza para los jefes comunales, que podrían encontrarse con un nuevo marco que los obligue a negociar en paritarias los salarios de los empleados, con un mayor porcentaje de antigüedad para computar, entre otras cosas.

Quien celebró el fallo fue el titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, Rubén “Cholo” García, quien expresó a LPO que “esta fue una ley de ajuste sancionada en plena crisis provincial, en una época en que no se negociaban salarios. Nos pusieron un techo respecto de la antigüedad, nos quitaron derechos adquiridos y la garantía de la estabilidad laboral”.

“Luego cuando en 2003 comenzaron las paritarias, nuestro gremio quedó afuera. Y ahora de una vez por todas la Justicia ha decidido abrir una puerta importante para que la legislatura provincial negocie un nuevo marco legal a las relaciones laborales entre los municipios y los trabajadores”, indicó García.

“Pretendemos hacer un estatuto marco que permita la negociación colectiva, que hoy no existe, y que el fallo exhorta a hacer, y también una paritaria provincial para fijar un piso de referencia porque hay grandes inequidades entre distritos”, completó García.

El diputado provincial Hernán Doval (FPV), adjunto de García en Avellaneda, señaló que buscarán poner en agenda en la Legislatura bonaerense este tema. Señaló que “nosotros presentamos un proyecto para modificar la 11.757 que no entra en coalición con el fallo de la corte. Ahora, hay un par de modificaciones que nos solicitaron que habría que revisar en la comisión de asuntos municipales”.