Cristina Kirchner aceptó aminorar la polémica ley de abastecimiento denostada por empresarios e industriales, tras una gestión del senador de su bloque Rodolfo Urtubey, hermano de Rodolfo, el gobernador de Salta, pero también de José, vicepresidente de la UIA.

“Con esto logramos un proyecto más garantista. No sé si lo aceptará la UIA, porque ellos tienen una oposición ideológica”, le dijo el senador a LPO Urtubey, en la mira desde que el proyecto comenzó a ser cuestionado por su hermano.

Miguel Pichetto había blanqueado la incursión del salteño para evitar que la norma tenga “regímenes penales abiertos”, o sea, permita un uso discrecional de un Gobierno con empresas no afines.

El proyecto obtuvo hoy dictamen del oficialismo junto a los otros dos enviados por el Gobierno con la premisa de defender al consumidor: los que crean un observatorio de precios y un sdervicio de conciliación previa de las relaciones del consumo. Sólo el último contó con el apoyo de la oposición.

El plenario de comisiones de hoy, presidido por el neuquino Marcelo Fuentes, tuvo a una treintena de asociaciones al consumidor y el rechazo del industrial Daniel Funes de la Rioja y el ex diputado radical Ricardo Alfonsín, quienes expresaron su tajante oposición al proyecto.

“Esto va a perjudicar severamente la inversión. Es inconstitucional, inconveniente e inoportuno”, cuestionó Funes de la Rioja. Dejó claro que la UIA acudirá a Tribunales, hipótesis que reforzó Gil Lavedra.

“Esto no cumple con el artículo 76 de la Constitución. Va a ser invalidado por los tribunales”, anticipó el ex diputado. Ambos previeron un derrotero parecido al de la fallida reforma judicial, frenada el año pasado por la justicia.

Tal vez para evitar un paso en falso como el que sufrió esa vez, antes de finalizar el plenario, el secretario de Justicia Julián Álvarez sorprendió con una serie de cambios a la ley de abastecimiento.

El más anunciado fue la exclusión expresa de las Pymes, exigida la semana pasada por Osvaldo Cornide de la Came. Aunque el texto final resulta inocuo, porque sólo las exime sino se las detecta en situación de “posición dominante”, según los términos de defensa de la competencia.

Delega la autoridad de aplicación en el Poder Ejecutivo y no exclusivamente en la Secretaría de Comercio.

Para evitar sanciones arbitrarias, en el artículo 2, donde se delega al Gobierno el poder para “intervenir en el proceso económico” cuando lo considere necesario, se aclara que sólo puede interferir si se identifican algunos incumplimientos expresados en el artículo 4.

El principal es elevar “artificial o injustificadamente los precios en forma que “no responda proporcionalmente a los aumentos de costos, u obtuvieren ganancias abusivas”.

El radical Luis Naidenoff, titular de la Comisión de Derechos y Garantías, una de las que participó del plenario, recordó el riesgo de no determinar que son ganancias abusivas. “Ese término está contemplado en la Constitución”, aclaró Urtubey ante LPO.

Otro cambio de Álvarez fue eliminar la posibilidad de clausura definitiva de un comercio. Sólo poder hacerlo en forma temporal y ante una presentación judicial. “Espero que ahora la UIA reconsidere su rechazo”, se esperanzó Álvarez.

Otros cambios

Álvarez también cedió a cambios exigidos por la oposición en los dos proyectos restantes. El principal es el reconocimiento de la competencia provincial en la conciliación, salvo en lo que respecta a sanciones aplicadas por la secretaría de Comercio.

También el domicilio del demandado será suficiente para entablar jurisdicción, suprimiendo el del consumidor.

El observatorio de precios ni fue considerado por la oposición por una sencilla razón: es la tarea que debe llevar a cabo el Indec. Sólo que dejó de ser creíble hace años.