La asunción de Hernán Gómez como nuevo Fiscal de Estado bonaerense desató una guerra por el control de los apoderados fiscales, encargados de lograr acuerdos entre el Estado y los contribuyentes para pagar deudas fiscales, un negocio millonario asentado sobre la necesidad de lograr ingresos a las agotadas arcas del gobierno bonaernese.

En las últimas semanas distintos apoderados hablaron de una persecusión y hasta quita de carteras, algo que no ocurría antes de que Gómez tomara el control de ese organismo. Con absoluta reserva plantearon a LPO exigencias burocráticas sobreabundantes; auditorías con suspensiones injustificadadas, sospechosas o poco fundamentadas; y el retiro de carteras fiscales de manera arbitraria.

Según pudo saber LPO de fuentes del gobierno bonaerense, la Provincia cuenta con unos 1200 abogados fiscales. Su designación está a cargo de la Fiscalía de Estado, aunque todos cuentan con el aval de la Agencia de Recaudación (Arba) en una especie de acuerdo entre ambas dependencias.

Sin embargo, la potestad de removerlos es exclusiva del Fiscal. Así consta en el decreto ley 7543/69 que establece que es el propio Fiscal de Estado quien “podrá revocar el mandato otorgado, cuando lo estime conveniente, sin que fuere necesario invocar causal alguna”.

De esos 1200 apoderados, unos 900 pertenecen a estudios de abogados externos. En tanto, fuentes del gobierno sostienen que unos 300 dependen directamente de la Fiscalía. Esto fue desmentido por voceros de ese organismo que sostienen que la totalidad de los apoderados son externos. Una fuente del gobierno explica muy claro el mecanismo: “En los grandes juicios siempre intervienen los abogados de la Fiscalía”.

La denuncia de los apoderados coincide con lo que remiten desde el gobierno: La idea de Gómez es remover el 20% del staff de abogados. Hablan de un total de 250. Ante una consulta formal de este medio, voceros de la Fiscalía explicaron que no existe ningún proceso de recambio.

Pero además alegan la complejidad para establecer un inicio de gestión de Gómez. El planeo tiene cierta lógica: El abogado radical estuvo a cargo de la Fiscalía de manera indirecta desde 2010 hasta la muerte de Ricardo Szelagowski -en julio de 2012. Allí ocupó la Fiscalía en caracter interino por el período de un año y medio hasta que Daniel Scioli lo designó como titular vitalicio de ese poderoso órgano encargado de la defensa legal del Poder Ejecutivo.

Ya al frente de la Fiscalía, su accionar sufrió un duro revés judicial cuando la Cámara rechazó su apelación al duro fallo del juez Luis Arias sobre el número de víctimas que dejó la trágica inundación de La Plata. Ese traspié, aunque los jueces también coincidieron en que “no hubo ocultamiento de víctimas” por parte del gobierno, abrió la puerta a la oposición para avanzar en un juicio político contra el Gobernador, cosa en la que finalmente no obtuvo consenso en la Legislatura.

La batalla en San Isidro

La Provincia cuenta con 18 departamentos judiciales y cada uno de ellos tiene designado una determinada cantidad de apoderados fiscales encargados de llevar adelante el juicio o los acuerdos entre el Estado y los deudores fiscales.

Claro que no todos los departementos judiciales representan el mismo grado de importancia a los objetivos del trabajo de los apoderados. Es que a nivel económico no es lo mismo un departamento como La Matanza o La Plata donde es más difícil lograr acuerdos fiscales con grandes deudores que el departamento de San Isidro, conformado por los distritos más ricos de la Provincia (San Fernando, Pilar, Tigre, Vicente López y el propio San Isidro).

Justamente es en ese distrito donde se vienen dando las presiones más fuertes hacia los apoderados que denuncian una feroz persecución por parte de los auditores, por orden de las autoridades nuevas, para sacarles las carteras fiscales.

Señalan directamente a Gómez y a Miguel Oscar Berri, el poderoso subsecretario de Ejecuciones de Créditos Fiscales y Tributarios, uno de los operadores del radicalismo en la capital provincial. Debajo -explican- aparece los auditores de cada cada departamento judicial, que controlan “y en este caso, apretan” a los apoderados fiscales.