Thomas Griesa dijo hoy que el canje de deuda que Cristina mandó al Congreso es “ilegal”, y le advirtió a los bancos que no deben colaborar con esa operación.
El juez federal de Nueva York encabezó esta tarde una nueva audiencia en los tribunales estadounidenses a pedido del fondo buitre NML Capital, durante la cual descartó poner a la Argentina en “desacato”, a pesar del pedido de los holdouts. "Vamos a hablar de eso más adelante. Ahora es prematuro", sentenció.
El magistrado sostuvo que cualquier nuevo canje de deuda “no puede ser llevado adelante” porque implicaría “violar las órdenes del juzgado”. En ese sentido, el juez afirmó que cualquier entidad que asista al país para evitar cumplir la orden de su Corte incurriría en una “clara violación” de su fallo ya que con esta medida la Argentina "ha tomado el equivalente a una posición ilegal" .
“Es inválido e ilegal”, fustigó el magistrado, según reprodujeron agencias internacionales.
“Creo firmemente que no va haber un acuerdo hasta que no quede claro para la Argentina que sus esfuerzos para evadir la ley no van a ser consentidos”, planteó el abogado del fondo buitre Aurelius, Edward Friedman.
Friedman planteó entonces implementar un proceso de dos pasos: primero el desacato y luego las sanciones.
“¿Cómo (la figura) de desacato contribuye a un acuerdo?”, les preguntó Griesa a los abogados de los fondos buitre, al argumentar su decisión de rechazar el pedido formulado por los holdouts.
El abogado de NML, Robert Cohen, sostuvo que ellos comparten el hecho de que “tiene que haber un acuerdo” entre las partes, pero alegó que “la República tiene que sentir (...) la necesidad de acuerdo” para que esa instancia sea lograda.
En esa línea, Cohen sugirió la aplicación de sanciones al país aunque luego, tras la pregunta realizada por el juez, agregó que las mismas podrían ser discutidas en otra audiencia convocada para el mes de septiembre.
Carmine Boccuzzi, uno de los abogados que defiende al país en la justicia norteamericana, replicó que una orden de desacato no ayudaría a un arreglo, más aún si se tiene en cuenta que la propuesta ni siquiera llegó a convertirse en ley.
“Una orden de desacato sólo arrojaría gasolina al fuego”, argumentó. Lo que la República Argentina “está haciendo, es abiertamente, un proyecto de Ley como parte de un proceso democrático”, explicó Boccuzzi.
Griesa coincidió con Boccuzzi y les explicó a los abogados de las dos partes que tomar esa decisión no ayudará a llegar a un arreglo. Tampoco trató el pedido de sanciones monetarias propuestas por los abogados de los holdouts.
“Lo que más se necesita es llegar a un acuerdo. Debe haber un acuerdo”, fue la respuesta de Griesa ante la intervención de Friedman.
Otro punto importante durante la audiencia fue cuando los abogados de la Argentina se desligaron del canje que lanzó la presidenta el martes. Los representantes criollos aclararon que no estaban al tanto de la operación, tras lo cual Griesa dijo sentirse "consternado" de que el gobierno no los haya consultado antes de lanzar esa iniciativa.
Lo cierto es que la idea del canje aparecía en un memo del estudio Cleary Gottlieb filtrado a la prensa, que nunca fue desmentido por la firma.
No es la primera vez que los abogados Boccuzzi y Jonathan Blackman se lavan las manos frente al veterano juez. En la reunión anterior, convocada a raíz de unas solicitadas que el gobierno había publicado en medios locales e internacionales, hicieron la misma jugada: negaron cualquier participación en esos textos y aseguraron que se enteraron por los diarios.
La audiencia finalizó pasadas las 17,15 de la Argentina, tras una hora y cuarto de deliberaciones.
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El Ministerio de Economía afirmó en un comunicado que al declarar "ilegal" el proyecto legislativo que cambia de domicilio de pago los bonos de la deuda, el juez Thomas Griesa "demuestra su desprecio por la soberanía nacional de Argentina", y lo acusó de pretender "imponer condiciones" al Congreso.
"El hecho de declarar 'ilegal' a un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envía al Parlamento demuestra también, nuevamente, su desprecio por la soberanía nacional de Argentina y su absoluto desconocimiento del funcionamiento de las instituciones democráticas", sostuvo la cartera que conduce Axel Kicillof.
Además, denostó que el magistrado de Nueva York "sólo busca favorecer a los fondos buitre" y reiteró que "la Argentina continúa trabajando para generar condiciones justas, equitativas, legales y sustentables para honrar sus deudas con el 100 por ciento de sus acreedores".
En el texto, el ministerio se quejó de que la audiencia convocada por Griesa "finaliza sin resoluciones para ninguna de las cuestiones realmente importantes ocasionadas por su sentencia". "Mientras mantiene su insólita posición de impedir el cobro del dinero que Argentina pagó a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, el Juez responde al pedido de los fondos buitres y llama a una audiencia para debatir sobre un supuesto desacato de la República", agregó.
Agregó que, "en un nuevo exceso de jurisdicción y desconocimiento de la soberanía, Griesa opinó sobre la ilegalidad de un proyecto de ley que ni siquiera comprendió en toda su extensión (al desconocer elementos centrales del mismo), y que fue enviado para su tratamiento en el Congreso de la Nación, como debe ser en todo Estado democrático".