El Gobierno defendió hoy la polémica ley de abastecimiento en el Senado ante legisladores y empresarios, pero no logró precisar en qué situaciones considerará que hubo "ganancias abusivas" para intervenir una empresa.

Es la definición que contempla el artículo 4 de la ley, que señala como “pasibles de sanciones” quienes “elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de costos u obtuvieran ganancias abusivas”. 

El kirchnerismo defendió a rajatabla ese proyecto como el que crea un observatorio de precios y un fuero para dirimir conflictos por consumo, durante un plenario de comisiones del Senado, que se extendió por 9 horas. 

El martes a las 11 será el turno de las asociaciones de consumidores y luego llegarán los dictámenes. 

Cristina envió al Senado Jorge Capitanich, el secretario de Comercio Augusto Costa y el de Justicia, Julián Álvarez. La particularidad fue que también asistieron empresarios convocados por los senadores y por el Gobierno, que llevó al estrado a cámaras afines como el titular de la CGE Ider Peretti y Osvaldo Cornide, de CAME. 

Cornide elogió la norma pero pidió que las Pymes “sean excluidas de cualquiera legislación”. Álvarez intentó calmarlo: “Como regla general, no se aplica a la pequeña y mediana empresa”. 

En una metodología atípica, los funcionarios escucharon a los dirigentes empresarios y les respondieron ahí mismo. Antes, Ernesto Sanz fue el radical encargado de castigar a los funcionarios: “¡Tienen que ir al interior y ver que las empresas se están fundiendo!”, le gritó. “Veo que no habla de la ley, se ve que está de acuerdo”, fue la respuesta e Álvarez, quien luego negó que la ley esté derogada, como aseguró el radical Mario Cimadevilla.

 Los puntanos Liliana Negre de Alonso y Adolfo Rodríguez Saá cuestionaron que proponen crear un Servicio de Conciliación para cuestiones de consumo en Capital Federal. “Lo tienen que definir las justicias ordinarias de las provincias”, se quejaron. 

Los empresarios se sorprendieron por la demora que puede generar conformar el nuevo tribunal, pero Álvarez les dijo que el Consejo de la Magistratura que él integra podía resolverlo rápido. Si todo sale como quiere el Gobierno, serán los jueces que diriman los conflictos que surjan de la ley de abastecimiento. 

Los empresarios advirtieron ese panorama. "No nos hace falta esperar que se sancione para saber si va a causar o no efectos negativos. Ya sabemos que los va a causar", atacó Luis Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentina. 

Le salió al cruce Pichetto, recordando los buenos precios que tuvo el campo. El miedo de Etchevehere es que el Gobierno utilice esta ley para presionar a los productores agropecuarios a liquidar divisas y no esperar una suba del dólar, como hicieron el año pasado. 

Gabriel Molteni, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), planteó las dudas sobre el texto. "¿Quién define lo que es desabastecimiento? ¿Quién administra los dineros de las multas? o ¿qué se entiende por ganancias abusivas. Existen otros mecanismos para disciplinar y aumentar la oferta, como la apertura económica global, abrir la economía a las importaciones". 

El reclamo lo repitió el radical Luis Naidenoff, titular de la Comisión de Derechos y Garantías, sólo que esta vez consiguió la respuesta de Costa, quien o hizo más que agregar incógnitas. 

“Hay que plantear esta ley desde la realidad. Si nos ponemos a definir los términos no terminamos más. Las Pymes no están incluidas porque no son formadoras de precios. Ni más ni menos que eso”, respondió Costa. 

“No hay ninguna previsión de desabastecimiento. No es una situación de apuro. No hay ninguna emergencia coyuntural que nos haga plantear esto”, aclaró luego.