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Proponen a Cristina que despida a los abogados de Cleary Gottlieb para salir del default
El especialista en reestructuraciones de deuda Hans Hume recordó en una columna que Ecuador tomó esa decisión en el 2009.

“¿A quién culpar por el desastroso default de la Argentina? Por supuesto, a sus abogados”, sentencia desde el título de su columna de The Guardian el especialista en reestructuraciones de deuda Hans Hume.

El CEO del fondo Greylock Capital sostiene que Cristina “debería echar al estudio Cleary Gottlieb”, que defiende al gobierno desde el 2002 y no consiguió ganar en ninguna de las instancias del juicio con los fondos buitre.

Los abogados Carmine Boccuzzi y Jonathan Blackman propusieron en un memo que se filtró a la prensa que el país defaulteara su deuda para después lanzar un canje para reemplazar los bonos de legislación neoyorkina por unos nuevos regidos por ley local, y que, de paso, pueda incluir al 7% restante que no fue incluido en las quitas de 2005 y 2010.

Lejos de cuestionar o alejarse de ese camino, el gobierno siguió paso por paso los consejos que el estudio daba en ese documento.

“En este caso, culpar a los abogados le da a la Argentina un camino muy fácil para cambiar el curso”, analiza Hume. Y advierte que “a esta altura, sería conveniente para el país echarle la culpa su derrota en la justicia de EEUU a los pies de la firma”.

El analista enumera los efectos positivos que traería esta decisión. “Esta simple acción sería un completo quiebre, casi sin precedentes. Ecuador echó Cleary Gottlieb antes del rescate de su deuda en 2009. Desde entonces, retiraron casi toda su deuda fuera del canje y recientemente colocaron deuda en los mercados internacionales”, recuerda.

Para Hume, despedir a Cleary Gottlieb le daría al gobierno una vía legítima para pedirle al juez Thomas Griesa que reponga el stay. “Sospecho que además despejaría un poco la atmósfera tóxica del diálogo con los holdouts”, arriesga el especialista.

Por último, la columna plantea que “la cláusula RUFO, que generó tanta paranoia a los funcionarios argentinos” no se dispararía si se cumple con el fallo de Griesa que obliga a pagarle U$S1600 millones a los buitres, porque no se trata de una oferta “voluntaria”.

“La Argentina puede pedir una exención de la RUFO”, concluye Hume.

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