No sin chisporroteos y discusiones subidas de tono, la oposición realizó por primera vez en el año un acuerdo parlamentario para marcarle la cancha al Gobierno.

Consensuó en la Comisión de Legislación penal de Diputados un proyecto para derogar la ley antiterrorista, una norma sancionada hace 3 años con la excusa de combatir el lavado de dinero.

En este tiempo terminó siendo herramienta para acusar a manifestantes o para que Cristina Kirchner amenazara el jueves a la imprenta estadounidense Donelley, por haber quebrado. Esta mañana tuvo que aclarar que no sería posible. Pero el debate ya estaba planteado.

La derogación fue motorizada por Patricia Bullrich, diputada de Unión Por todos y aliada del PRO, y encontró apoyo en todas las fuerzas de la oposición de Compromiso Federal, la fuerza de Adolfo Rodríguez Saá.

La puntana Ivana Bianchi nunca apareció en la comisión, que sesionó en minoría como permite el reglamento, con 12 de sus 31 miembros, porque el kirchnerismo decidió dejar sus bancas vacías.

"Estamos convencidos que esta ley es una herramienta jurídica muy peligrosa por su carácter genérico. Es una ley abusiva, represiva usada contra los trabajadores para amedrentar a todo aquel que no esté de acuerdo con las políticas del Gobierno nacional", planteó Bullrich.

El único matiz lo aportó el Frente Renovador de Sergio Massa: incómodo por contar con varios diputados que aprobaron aquel proyecto en 2011 (como Oscar “Cachi” Martínez y Felipe Solá), dispuso eliminar únicamente los artículos de la ley que refieren a supuestos actos de terrorismo y no su totalidad.

“No queremos leyes con principios generales que puedan atentar contra la democracia”, le explicó Bullrich a “Cachi” Martínez.

“¡Los que votamos en contra del proyecto sabemos de que se trata!”, le reprochó Margarita Stolbizer. “La derogación es un fin ético, social y filosófico en nuestro partido, no sé ustedes que en su momento votaron a favor", desafió. Y también le apuntó al PRO: "No nos espantamos con esta ley sólo cuando se la quieren aplicar a una empresa". 

Adrián Pérez, del Frente Renovador, aclaró que no se opone a la derogación, pero prefiere restringirla a los artículos emblemáticos. “Hasta el viernes, Adrián quería derogar todo. Massa estuvo todo el fin de semana diciendo que la ley había que sacarla pero luego se dio cuenta que tenía que marcar una diferencia”, se burlaban en la Comisión. 

Curioso: Bullrich llegó a presidir la comisión por iniciativa del Gobierno, que intentó así levantar el perfil del PRO en desmedro del massismo. Al menos logró algo de aquel objetivo.

Sbatella fue quien pidió esta ley en 2011 con la excusa de que se trataba de un pedido del Grupo Internacional de Acción Financiera (GAFI). La polémica con sectores del progresismo estalló cuando uno de sus artículos hablaba de reprimir acciones terroristas sin especificar cuáles eran.

Esa vaguedad le permitió a la justicia de Santiago del Estero considerar terrorista al periodista Juan Pablo Suárez y que corrieran con la misma amenaza los manifestantes que se oponen a las minas de Andalá.

En el resto de los bloques no hubo dudas. “No hay una posición común en el concepto de terrorismo, por eso el artículo 241 que estipula como agravante cualquier tipo de delito significa aterrorizar y obligar a que el Estado haga o deje de hacer frente a acciones de trabajadores", alertó el radical Luis Petri, ligado a Julio Cobos.

El PRO Eduardo Cáceres también apoyó la derogación pero debió soportar un reproche de su compañera Laura Alonso. “Yo presenté la derogación de la ley y mi bloque la rechazó”, le reprochó.

Nicolás del Caño, del PTS, volvió a hablar de Lear. “Esta ley fue pedida por el Departamento de Estado de Estados Unidos”, denunció.

La oposición buscará colar el dictamen en la sesión del miércoles. El kirchnerismo deberá contar bien los votos para impedirlo.