Cristina Kirchner, como anticipó LPO, está decidida a llevar la pelea con los gobernadores petroleros por la denominada Ley Galuccio hasta las últimas consecuencias. Ya en uno de sus últimos discursos afirmó casi explícitamente que se oponían a la reforma de la ley de hidrocarburos para mantener sus negociados personales con el petróleo.

Luego de esa advertencia, el diario Clarín publicó una investigación exclusiva que revelaba la existencia de una cuenta en el paraíso fiscal de las Bahamas perteneciente al gobernador de Chubut, Martín Buzzi, con alrededor de un millón de dólares.

Buzzi insinuó a los medios de su provincia que se trataba de un ataque de su competidor, el massista Mario das Neves. Pero en la intimidad, como reveló este medio, apuntó hacia Carlos Zannini, uno de los principales impulsores de la reforma de la ley que busca correr del negocio petrolero a las empresas provinciales, para concentrar las inversiones en YPF.

Fue la manera que encontró Buzzi para atribuirle la filtración a la Presidenta sin caer en el punto de no retorno de nombrarla directamente.

Nada de esto amilanó a Cristina que lejos de bajar el tono hoy dejó en claro que es ella la que está en guerra con los gobernadores sublevados, a los que mandó un primer castigo fuerte hace 15 días cuando los excluyó de la renegociación de las deudas provinciales, una decisión que pegó fuertemente en el mendocino Paco Pérez, provocando una ruptura de hecho que continúa hasta hoy.

Cristina ordenó al jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, que directamente denuncia a Buzzi por el presunto delito de evasión fiscal. Es la primera vez, al menos en la década de los Kirchner, que la Casa Rosada lleva a un gobernador peronista a los tribunales por un delito penal, vinculado a la corrupción.

LPO tiene además la información que el neuquino Jorge Sapag, también será blanco de la embestida de la Casa Rosada, que empezó a husmear entre sus presuntos testaferros y los negocios de su petrolera provincial Gas y Petróleo (GyP).

La denuncia

Karina Vanesa Flores, jefa interina de la Oficina Jurídica de la Agencia Trelew de la AFIP, fue la encargada de presentar la denuncia ante la justicia. En la demanda se acusa a Buzzi de “presunta evasión tributaria” de los impuestos de Ganancias y Bienes Personales durante los períodos fiscales de 2009 a 2013 inclusive.

La denuncia deja constancia que esto se hace en base a “publicaciones periodísticas”, esto es la nota de Daniel Santoro en Clarín, y a las propias “manifestaciones públicas” de Buzzi que con un grado de torpeza superlativa se hundió aún más al intentar justificar la aparición de casi un millón de dólares en la cuenta offshore, radicada en las Bahamas a nombre de su mujer, Carolina Shanahan y su empresa “exportadora” de artesanías patagónicas, Patagonia Gifts S.R.L.

En la denuncia la AFIP deja claro que investigó a fondo al gobernador y descubrió “inconsistencias” en el pago de impuestos, así como falta de presentación de declaraciones juradas. Advierte además que en el curso de la investigación puede surgir “algún otro ilícito” de los previstos por la ley penal tributaria.

La AFIP explica en la denuncia que a raíz de las publicaciones periodísticas “se ha tomado conocimiento de la existencia de cuentas bancarias radicadas en el exterior, más precisamente en las Bahamas, las cuales se habrían nutrido con depósitos millonarios a partir del año 2013”.

Recuerda que Buzzi intentó justificar “la existencia y la solvencia de la cuenta en operaciones de una empresa de su propiedad, Patagonia Gifts S.R.L”.

Pero aclara de inmediato que según la investigación de la AFIP “la empresa citada no registra operaciones de venta, ni emisión de facturas, entre otras inconsistencias”.

“En tal sentido, se acompañan al presente el informe elaborado por la División Investigación de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia”, agrega el texto, que precisa que se investigó la situación patrimonial e impositiva de la mujer del gobernador, Carolina Shanahan y de la empresa Patagonia Gifts.

En dicho informe se precisan “las inconsistencias que indican en principio la hipótesis a investigar, a saber: ingresos omitidos e incremento patrimonial no justificado”.

Luego, en un tono casi burlón, la denuncia señala que: “En cuanto a la vinculación de Buzzi con Patagonia Gifts –que habría sido reconocida por Buzzi como propia-, cuadra señalar que en los sistemas de esta Administración no surge que aquel reconozca participación societaria ni ocupe lugar de conducción. Si en cambio su esposa y su cuñado”. Lo que abre la puerta a otra serie de delitos.

Pero siguiendo con el tono burlón, la denuncia subraya que “sin perjuicio de ello, Buzzi declara y valúa el dominio de internet www.patagoniagifts.com en u$s 150.000 –a los fines del impuesto sobre los bienes personales- durante los períodos 2011, 2012, 2013”. Pero no lo hace en los períodos 2009 y 2010, pese a que “según las manifestaciones del propio contribuyente, también registraría actividad en ese emprendimiento”.

Para luego asestar uno de los golpes más demoledores contra la edulcorada versión de Buzzi, que se trataba apenas de un exitoso negocio de exportaciones de artesanías patagónicas regenteado por su esposa, que habilitó la cuenta en el paraíso fiscal para su operatoria comercial.

Señala en ese sentido la AFIP que otra grave inconsistencia en ese relato de Buzzi es que la firma “no registra operaciones de exportación”.

“Es claro que si el objeto comercial lo constituye la colocación en el extranjero de productos locales –se insiste hecho reconocido públicamente por el contribuyente- debería existir la gestión aduanera que ampare tal operatoria”.

Los delitos

Por todo esto, la AFIP considera que el gobernador de Río Negro, Martín Buzzi, incurrió en el delito penal de evasión fiscal.

“En efecto se da por probado que existe una cuenta bancaria radicada en una jurisdicción de escasa o nula tributaciones –“paraíso fiscal”- a nombre del contribuyente aquí imputado, y que el titular intenta explicar las acreditaciones dinerarias de aquella con la operatoria económica de una empresa en la cual no participa a título de socio ni forma parte de los órganos directivos”, agrega la denuncia.

Y agrega: “Pero no solo ello: en la justificación se postula una actividad de exportación de productos cuyo reflejo lógico no se aprecia. Esto es, no existen registradas operaciones de exportación a nombre de esa empresa”.

Este último punto se vuelve especialmente delicado para Buzzi, ya que al no poder justificar el origen de al menos un millón de dólares, podría caberle también la acusación por lavado de dinero presumiblemente proveniente de la corrupción política.

Señalando en ese sentido la denuncia que “si realmente existieron operaciones comerciales en cabeza de la sociedad (ventas) al exterior, las mismas no fueron declaradas ni documentadas adecuadamente” y si por el contrario no existieron, el dinero que apareció en la cuenta de Bahamas “reconoce un incremento patrimonial en cabeza de sus titulares que, aún desconociéndose la causa, constituye un hecho imponible”.

Entre las medidas de prueba de este escándalo que puede colocar al gobernador Buzzi en una situación política delicadísima, se pide un exhorto internacional para que “las entidades bancarias informen las acreditaciones que pudieren existir en relación a los sujetos involucrados”.