La Unión Industrial (UIA), la Sociedad Rural (SRA), las cámaras de Comercio y de la Construcción, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino y la Bolsa de Comercio rechazaron hoy por unanimidad la reforma de la ley de Abastecimiento y advirtieron que recurrirán a la Justicia de ser sancionado por el Congreso.

Las entidades -aglutinadas en el Grupo de los Seis (G-6), que se reunieron hoy en la sede de la UIA- consideraron que la ley es "inconstitucional" y que viola la propiedad privada, además de conspirar contra la generación de empleo.

De la reunión participaron el presidente de la UIA, Héctor Méndez, el secretario de esa entidad, José Ignacio de Mendiguren, y los presidentes de la la SRA, Luis María Etchevehere, de la Cámara de Comercio, Carlos de la Vega, de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, y de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA), Jorge Brito.

Al término del encuentro, Etchevehere sostuvo que el G-6 decidió "rechazar por unanimidad el proyecto que se envió al Congreso, porque entendemos que es inconstitucional, viola la propiedad privada y el derecho a ejercer industria lícita".

Etchevehere señaló que el nucleamiento planteará su posición "en el Congreso, a todos los líderes políticos, y en el caso de que (el proyecto de ley) sea sancionado, vamos a ir a la Justicia".

Para el titular de la SRA, "las consecuencias que tendría en el caso de ser sancionado (el proyecto) es llevar al país a una mayor recesión, mayor desempleo y al aumento de la informalidad en lo que es la actividad comercial y productiva", por lo que "es negativo a lo que es la actividad económica".

De Mendiguren, por su parte, sostuvo que "todos defendemos la defensa del consumidor, pero notamos que so pretexto de esto se quiere dictar una ley de esta naturaleza, que va a causar exactamente los contrario" a lo que dice pretender el proyecto.

"Un consumidor, primero es un trabajador, cobra un sueldo para después consumir y lo que estamos poniendo en riesgo con leyes de esta naturaleza es la generación de empleo", afirmó el dirigente industrial Tras señalar que es necesario "revertir este proceso de caída de actividad y del nivel de empleo" que vive la Argentina, De Mendiguren consideró que "se está dando un remedio (por las modificaciones a la ley de Abastecimientoque no es para esta enfermedad" .

"Nuestra preocupación es ver en qué punto afecta cada nivel de actividad que nosotros representamos, porque nuestra obsesión en revertir esta situación, porque la Argentina necesita dólares y los dólares no se pueden fabricar, así hay dos formas de generarlos: vendiéndole al mundo más de lo que le compramos o a través de las inversiones", indicó De Mendiguren.

Al respecto, el secretario de la UIA y también diputado por el Frente Renovador, señaló que "las inversiones están dificultadas hasta que arreglemos el tema externo y las exportaciones hace falta incrementarlas, sobre todo las de mucho valor agregado".

Por su lado, Gabbi, que mañana tiene previsto recibir a la presidenta Cristina Fernández en el aniversario de la Bolsa Comercio, adelantó que en su discurso va a "resaltar la importancia de la empresa en el país y lo que ha significado el cepo cambiario para la actividad" bursátil.
Además, consideró que "tenemos que volver a recuperar la confianza para volver a recuperar los superávits gemelos", es decir comercial y fiscal.

A su turno, Brito coincidió en que el proyecto enviado por el Poder Ejectivo al Parlamento "afecta básicamente a al trabajador, porque va a generar menor fuentes de empleo".

"No es una ley chavista"

 El secretario de Comercio, Augusto Costa, acusó hoy a las "grandes corporaciones" de "desviar" la discusión en torno al proyecto del Ejecutivo de Ley de Abastecimiento, que, según aseguró, es "menos intervencionista" que la norma vigente desde 1974.

"Estamos haciendo una reforma de la ley vigente, estamos eliminando los aspectos penales, por lo tanto es difícil pensar que hay una inspiración en la legislación venezolana de algo que está presente en la ley argentina desde 1974, a menos que durante los últimos 40 años este país fue chavista y no lo supimos y nos enteramos ahora", ironizó.

En diálogo con FM Vorterix, Costa remarcó que se trata de "una ley que ya existe, que no es una novedad y encima se la está haciendo menos intervencionista, porque se está limitando y siendo más claro en el ámbito de intervención del Ejecutivo en las cadenas de valor, las circunstancias que lo ameritan".

"Por eso está recibiendo el apoyo unánime de los actores más pequeños, como las asociaciones de consumidores, y genera rechazo de las grandes corporaciones, porque en caso de que algún actor monopólico genere un abuso y un perjuicio, vamos a tener este instrumento, como lo tenemos actualmente", dijo.

Según el secretario, "el Gobierno envió al Congreso un paquete de iniciativas, que suponen algunas novedades", como el fuero de justicia del consumidor y el observatorio de precios, que son "las novedades y de eso no se está hablando, porque se está tratando de desviar la discusión hacia reformas a la legislación vigente, que tiene que ver con leyes de defensa del consumidor, de la competencia y de abastecimiento".

"Se está simplificando mucho la discusión, se está perdiendo el eje y se apuntan los cañones, al menos (lo hace) cierto sector del empresariado, de las grandes corporaciones, a un proyecto que reforma legislación vigente desde 1974", aseguró.

Lo que critican los empresarios, como los precios máximos, "existe en la legislación vigente, no se está enviado un proyecto en el que se incorporan esas competencias, que el Ejecutivo hoy tiene. La posibilidad de intervenir en la fijación de precios, margen de utilidad, existe desde 1974, no es una novedad, no es una competencia nueva", minimizó.

"Y no está inspirado como se dijo por ahí en la legislación venezolana, sino que es la letra de la normativa vigente. Los que hablan de avances sobre la iniciativa privada o barbaridades como que es la estatización de los mercados, tardaron 40 años en darse cuenta que la ley permite esto", fustigó Costa.

Que agregó: "Se trata de una reacción de las grandes corporaciones y no se le está dando lugar a los representantes de las pequeñas empresas, a las asociaciones de consumidores, donde el respaldo es unánime".

"Estamos eliminando cualquier capacidad de que el Gobierno intervenga directamente las empresas. Lo que estamos haciendo sí es dejar la posibilidad de que, en caso de que haya una clara actitud de desabastecer algún bien sensible y eso perjudica a la población, lo que se da en situaciones de crisis o excepcionales, que se disponga la continuidad de la producción, pero bajo ningún punto de vista el Gobierno va a intervenir o va a generar una gestión directa", aseguró.

Cuando se le dijo que "si está todo en la ley, para que reformarla", contestó: "Porque lo que estamos haciendo al enviar al Congreso el paquete integral de leyes, es tener una visión global en términos de defensa del consumidor y herramientas del Estado para actuar en favor de los actores más débiles".