La disparatada denuncia de Cristina Kirchner sobre una tenebrosa conspiración de los buitres detrás de la quiebra de la imprenta Donnelley para desestabilizar la economía argentina, fue refutada hoy en una muy interesante columna publicada por Jorge Fontevecchia en Perfil.

El empresario de medios, cuya familia comenzó con el negocio de imprenta, entregó datos contundentes que explican la decisión de la empresa de pedir su quiebra. Explicó que la empresa tiene pérdidas crecientes desde el 2010 que “son claramente comprensibles si se estudia un poco su tipo de industria”.

“En 2013 Donnelley perdió 25 millones de pesos, tuvo ventas por 311 millones de pesos y costos por 336 millones, dato que omite la Presidenta en su exposición. Es cierto que las ventas de Donnelley no cayeron porque en 2010 fueron de 183 millones. Pero estos datos omiten la inflación (gran problema en el periodismo no especializado que compara números de tres años sin tener en cuenta que hubo en el período más de 100% de inflación). Las ventas de Donnelley aumentaron el 60% en pesos entre 2010 y 2013, pero sólo los aumentos de las paritarias de los gráficos en esos tres años fueron de 109%, casi el doble de las ventas”, agregó Fontevecchia.

Y explicó que si bien “también es cierto que los activos de Donnelley son mayores que los pasivos: en el último balance, al 30 de junio de 2014, fueron 175 millones de activos, 151 millones de pasivos y 24 millones de patrimonio neto. Pero la pérdida de 2014 terminaba siendo mayor que el patrimonio neto, porque si hubieran seguido hasta fin de año habrían acumulado otros 40 millones de resultado negativo”.

Recordó además Fontevecchia, algo que la compañía reveló en el comunicado emitido anoche: “Donnelley pidió reducir su personal de 406 a 283 solicitando un procedimiento preventivo de crisis, pero el Ministerio de Trabajo no se lo aprobó”.

“El año pasado, Donnelley también quiso vender su empresa, e incluso un importante impresor local mostró interés. Pero luego de realizar un análisis de la empresa, llegó a la conclusión de que sin poder reducir personal era inviable”, reveló el empresario.

Y señaló que “fuentes de la industria gráfica argumentan que, por la crónica falta de rentabilidad, las maquinarias de Donnelley están en pésimo estado, y además de contar con más personal del que la producción actual requiere, una parte de él está sobrecategorizado y el índice de ausentismo es del 20%”.

Para concluir que los activos reales de Donnelley en Argentina se podría rematar en 12 millones de dólares, alrededor de 150 millones de pesos, más las maquinarias, que –aunque viejas y mal mantenidas– podrían venderse en alrededor de 50 millones de pesos.

“Mientras que las indemnizaciones de todo el personal suman 90 millones de pesos, hay deudas bancarias por 50 millones de pesos y con proveedores por otros 40 millones”, concluye el dueño de la editorial Perfil.

La respuesta de Donnelley

La casa matriz de Donnelley aclaró anoche que su filial argentina pidió la quiebra porque "no es una empresa solvente", y aclaró que no tiene "ninguna relación" con los fondos buitre, como aseguró Cristina al justificar la aplicación de la Ley Antiterrorista contra sus directivos.

"En la toma de esta decisión ni RRDA (la filial argentina) ni RRD (Donnelley & Sons Co) involucraron a tercera parte alguna: ninguna otra empresa, accionista o persona física ajena a RRD participó. No tenemos ninguna relación con la actual situación generada con los acreedores de la Argentina", aseveró un comunicado de la empresa gráfica, a través de su CEO, Thomas Quinlan.

En el comunicado, la firma repasa incluso los numerosos problemas macroeconómicos que enfrenta la Argentina, que vuelven muy complicado operar en el país y aseguró que "luego de mucha discusión” se tomó "la difícil decisión de presentar su pedido de quiebra luego de 22 años de presencia en la Argentina".

"La industria gráfica hace tiempo ha dejado de ser un negocio rentable y la perspectiva de ventas futuras no es positiva; el negocio de RRDA no es solvente; RRDA ha experimentado una reducción constante y considerable de sus ventas y no prevé un cambio de tendencia en el futuro", agregó la compañía que subrayó que el pedido de quiebra se ajusta “a las leyes aplicables vigentes de Argentina".

Incluso traslada parte de la responsabilidad a los gremios y el Gobierno al recordar que en setiembre de 2013 obtuvo un Programa de Recuperación Productiva (REPRO), pero "la Comisión Interna se negó a firmarlo, evitando que RRDA pudiera tomar decisiones que permitieran torcer el rumbo de la situación de la empresa y empeorando aún más la situación económica y financiera".

Ese plan preventivo de crisis recuerda Donnelley “apuntaba a evitar la solicitud de la quiebra y preveía la reducción de personal para que la empresa recupere su rentabilidad, pero ninguna de esas soluciones fue aceptada por los sindicatos".

Igual negativa que recibió del Ministerio de Trabajo, tanto a nivel nacional como provincial y por lo tanto la firma denuncia que "se quedó sin opciones para enfrentar la crisis, que incluye la suba de costos por la inflación, el alza del costo laboral, el aumento de los insumos para la producción, la devaluación y la incapacidad de cumplir con los vencimientos de las deudas".

Y respecto a la supuesta decisión “express” del juez de otorgar la quiebra –como denuncia la Presidenta-, la compañía explicó que “como es usual en estos casos, la Justicia actuó de manera perentoria con el objetivo de proteger las instalaciones, a los empleados y a los acreedores".