Dirigentes de todo el arco opositor se mostraron en contra de la decisión de Cristina de aplicar la Ley Antiterrorista contra la empresa Donnolley, por haber acelerado la quiebra y dejar en la calle a 400 empelados.

Y una de las primeras medidas será intentar derogarla desde la Cámara de Diputados, donde el kirchnerismo tiene quórum justo y podría perderlo. 

El martes, Patricia Bullrich incluyó en el temario de la Comisión de Legislación penal ese tema. “Nos parece buena idea avanzar”, le confirmó a La Nación.

Si lo hace, aunque el kirchnerismo tiene mayoría en esa comisión, habrá dos dictámenes en el recinto y allí al Gobierno no le sobra nada y está sufriendo varias fugas.

El rechazo a la ley antieterrorista llegó ayer desde el titular de la UCR, el senador Ernesto Sanz; y los diputados Julio Cobos (UCR), Graciela Camaño y Adrián Pérez (Frente Renovador), Patricia Bullrich y Pablo Tonelli (Unión PRO), Francisco de Narváez (Unión Celeste y Blanco) y Néstor Pitrola (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), entre otros.

La primera mandataria denunció penalmente a la imprenta estadounidense Donnelley aplicando la Ley Antiterrorista por "alterar el orden económico y financiero", al crear "un estado de quiebra que no es tal, para estafar o generar temor en la población".

"Las amenazas del Gobierno no hacen más que empantanar la economía. Ayer la Presidenta hizo una clara demostración de su poder, agarró el micrófono y de un plumazo puso en riesgo el trabajo de centenares de argentinos", advirtió Sanz, uno de los aspirantes presidenciales del Frente Amplio Unen (FAU).

Cobos, quien también se postuló a la Casa Rosada por ese frente, remarcó que esa medida del Ejecutivo "genera incertidumbre" y "lo único que hace es desalentar" las inversiones en medio de un clima económico "complicado".

Camaño calificó a la Ley Antiterrorista como la "ley de apriete" y señaló que "indudablemente con la actitud de la Presidente se corrobora que lo que pretendían cuando votaron la ley era una herramienta de amedrentamiento a la sociedad".

Pérez agregó que la norma se "convirtió en un cheque en blanco para vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos".

El macrista Pablo Tonelli que la decisión del Gobierno de aplicar esa norma "confirma la sospecha de la oposición sobre que iba a ser utilizada como un instrumento político", y para "perseguir a personas que no simpatizan por el Gobierno".

"Es una herramienta discrecional, autoritaria y abusiva. Puede servir en cualquier momento para 'crear' un terrorista. En este caso le toca a una empresa, en otro a trabajadores que molestan. Si la empresa cometió un ilícito o declaró una quiebra fraudulenta, deberá ser juzgada por las leyes específicas que contemplan esta figura", subrayó Bullrich.

Pitrola reclamó al Gobierno que no "barnice" la Ley Antiterrorista "como una 'ley antibuitre'" porque, consideró, esa es una norma "contra el movimiento popular" si se aplica en el conflicto de Donnelley.

Y hasta Francisco De Narváez, desparecido hasta antes del mundial, opinó que "el Gobierno eligió el peor camino" al recurrir a esa ley porque su aplicación "es meter miedo a quienes opinen distinto o actúen en forma diferente de lo que ellos quieren".

La dirigente del MST-Nueva Izquierda y precandidata a vicepresidente, Vilma Ripoll, agregó que si la presidenta Cristina Fernández "quiere sancionar a Donnelley que la expropie, estatice y garantice los puestos de trabajo".