En las últimas horas trascendieron los audios que revelan la trama del pedido de coimas para la rezonificación de terrenos destinados al plan Procrear que tiene en jaque a funcionarios del gobierno de Pablo Bruera.

La polémica estalló en la capital provincial luego que la justicia bonaerense allanara el municipio ante una denuncia por “coimas”. El procedimiento estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Jorge Paolini, que ordenó el allanamiento de la subsecretaría de Planeamiento urbano, la sede de Control Urbano y las oficinas de Mariano Bruera, hermano del intendente.

Ese operativo tuvo origen en una denuncia realizada por el ingeniero agrónomo Guillermo Andreum, quien aseguró haber recibido un pedido de coima por 200 mil dólares al solicitar la rezonificación de terrenos con el fin de comercializarlos en el marco del plan de viviendas que promueve el gobierno nacional.

Paolini pidió la detención de los cinco funcionarios involucrados y si bien el juez Pablo Reale dejó en suspenso esa medida, ordenó el allanamiento de las oficinas municipales.

En la maniobra se encuentran involucrados el secretario de Gestión Pública, Enrique Sette; el director general de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró; el director de Planeamiento Roberto Moreno; y los empleados Raúl Edgardo Moratti y Cristian Ybarra. Pero además, en el escándalo podrían estar involucrados otros funcionarios cercanos al jefe comunal.

En uno de los audios que dejaron trascender fuentes judiciales en las últimas horas, Moratti le confirma a Andreau -el ciudadano que inició el trámite y luego denunció las maniobras a la justicia- la rebaja de la "coima" de 138 mil dólares a 125 mil dólares.

En un tramo de las escuchas, un funcionario le pone en claro al profesional que realizó la denuncia, a pesar de utilizar un eufemismo, que requiere dólares para realizar un trámite: "Todo lo que estamos hablando es del color del pasto", es la frase elegida y que se puede escuchar en una de las grabaciones.

En tanto, el titular del Anses, Diego Bossio, se metió en la polémica y creó una Unidad Ejecutora para evitar que se paralicen, a causa de la investigación judicial, los trámites del Procrear en la capital provincial.

Bossio elevó un escrito al fiscal Paolini. Allí, le pide que arbitre los medios a su alcance para evitar la demora en la continuidad de los trámites de los distintos ciudadanos cuyos expedientes puedan estar secuestrados en las actuaciones, para que se pueda continuar con el desarrollo del plan sin dilaciones.

Además desde la dependencia que conduce Bossio indicaron que están a disposición de la justicia para aportar datos y avanzar en la investigación, explicando que “el objetivo principal es facilitar el acceso al crédito de las familias que fueron sorteadas en un marco de transparencia e igualdad”.

Polémica en el Concejo

Desde que estalló el escándalo, el tema genera cruces, acusaciones y polémica en el Concejo Deliberante. La mayoría de los bloques de la oposición se pronunciaron sobre el tema. Desde el Frente Amplio, el concejal Leonardo Rocheteau solicitó la creación de una comisión especial conformada por un miembro de cada bloque con el objetivo de controlar el normal desarrollo del programa Procrear.

En tanto, desde el Frente Renovador, Marcela Farroni pidió extender por cinco meses la inscripción de los beneficiarios del programa debido a la intervención de la Justicia por las denuncias de “coimas”.