El gobierno de Paco Pérez entró esta semana en zona de alarma al confirmarse que Industrias Metalúrgicas
Pescarmona SA (Impsa) fue condenada a quebrar por la justicia brasileña, por no cumplir con sus obligaciones comerciales.
La alarma no es casual, Impsa es la mayor empresa mendocina. Emplea a más de 1.500
trabajadores en forma directa, pero a su vez, unas 950 pymes metalúrgicas le
prestan servicios para los diferentes proyecto que realiza alrededor del mundo.
Es por esto que cuando se
conoció la noticia la noche del lunes que un juez brasileño había
decretado la "bancarrota" de Wind Power, filial dedicada a la energía eólica que el conglomerado mendocino instaló en Recife,
las alarmas sonaron en el gobierno de Pérez.
“Estamos monitoreando la
situación, que ha generado preocupación, pero nos dicen desde la empresa que
está todo bajo control”, confió a LPO un funcionario muy cercano al despacho del
gobernador.
En tanto que desde la propia Impsa, en las últimas
horas sólo hubo un escueto comunicado que hizo llegar a algunos periodistas el
gerente de Comunicaciones Institucionales, Ismael Jadur. “Nuestras operaciones en Brasil son normales”, sostuvo. “Estamos haciendo todas
las gestiones para sobrellevar la situación, aunque no hemos recibido nada
oficialmente”, agregó un tanto contradictorio.
El juez de Pernambuco Rafael José de Menezes, decretó el 30 de julio
pasado la quiebra de Wind
Power ante un pedido de las empresas
Libra Terminal Valongo SA y Libra Terminais SA, quienes reclaman el pago de una
deuda de 4,7 millones de dólares. Según el fallo del juez, la renuencia de Pescarmona a pagar“es declaración indirecta de insolvencia”, aunque
esto es difícil de creer, cuando según ha dejado trascender la empresa, en
Brasil tiene contratos por casi 900 millones de dólares en parques eólicos y concentra el 30% de los parques que explotan ese tipo de energía ecológica.
Como era esperable los abogados del mendocino le bajaron el tono a la decisión del juez y explicaron que se trata apenas de un primer
paso del proceso de quiebra. Señalaron que hay incluso posibilidades de apelar o llegar a un
acuerdo con los acreedores.
“Solucionaremos esto lo
antes posible”, agregó Jadur en su comunicado.
Dudas
No obstante, la noticia de la quiebra agravó las dudas sobre la real fortaleza económica del grupo, que ya en junio pasado disparó las primeras alarmas cuando Impsa bordeó el default al atrasarse una semana en el pago de un bono, demora que en su momento atribuyó “a
problemas adminisrativos”. Según se
indicó en aquella oportunidad, el reatraso se debió a que la empresa no recibió
un pago desde Venezuela, donde también tiene importantes negocios. En
setiembre tiene otro vencimiento, que según fuentes de la empresa se afrontará “como siempre hemos hecho,
pagando”.
Según confirmaron a LPO empresarios Pymes del
sector metalúrgico mendocino, Impsa bajó el nivel de actividad desde
principios de año, despidió a algunas decenas de empleados y encargó trabajos a menor ritmo que el año pasado.
El esquema de trabajo de
Impsa se basa en la contratación de medianos y pequeños talleres metalúrgicos
que en Mendoza proliferan justamente por el monumental volumen de negocios de
Pescarmona.
A este panorama se suman las
versiones que corrieron hace unos tres meses sobre las intenciones de Enrique
Pescarmona, en CEO de Impsa, de deshacerse de sus activos en Brasil para concentrarse en otros
proyectos, sobre todo en África y Asia.
También fue noticia
Pescarmona en julio pasado, cuando se conoció el interés de la empresa
mendocina en construir la central hidroeléctrica Chiuido I, en Neuquén, cuyo costo
sería de unos 2.100 millones de dólares y que tras el default como tantos otros grandes proyectos de obra pública, su finaciamiento ingresó en zona de riesgo.
