El gobierno argentino afirmó hoy que "insistirá" con el reemplazo del mediador, Daniel Pollack y le solicitó a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) que investigue posibles maniobras especulativas, tras la autorización del pago del seguro de default por parte de la ISDA.

En un comunicado de prensa, el ministerio de Economía apuntó también al juez Thomas Griesa y lo volvió a acusar de "favorecer" a los fondos buitre, tras los duros conceptos que tuvo el magistrado en la audiencia de hoy sobre la Argentina.

En cuanto a Pollack, las autoridades económicas argumentaron que "el mediador se ha excedido absolutamente en sus incumbencias y atribuciones al calificar de 'default' al impedimento de cobro que el mismo juzgado de Griesa impuso a algunos bonistas".

La cartera económica sostuvo que Pollack "ha demostrado a través de su último comunicado una manifiesta parcialidad en favor de los fondos buitre".

En el mismo, dado a conocer tras la última reunión en sus oficinas, donde Kicillof se vio "cara a cara" con los holouts por primera vez, Pollack había informado que "no hubo acuerdo" y planteó que el país "caerá de modo inminente en default". Ese comentario fue retrucado por el ministro con un "me veo ingratamente sorprendido por ese comunicado, que parece escrito para favorecer a una de las partes".

"No es mérito de Pollack que el ministro de Economía se haya reunido con los fondos buitres, sino una muestra de buena fe de la Argentina, en el marco de la incapacidad de aquél como mediador para encontrar una solución que no sólo beneficie a los fondos buitres", continuó el comunicado oficial.

Inmediatamente, Economía se quejó también contra Griesa: "una vez más el juez llamó a una audiencia para no resolver absolutamente nada en relación a los fondos de terceros que mantiene inmovilizados".

"De este modo, lejos de mantener el estatu quo, como lo ha denunciado la República, vuelve a favorecer a los fondos buitre, en dos sentidos", sostuvo Economía.

El parte reiteró que "al impedir el cobro a algunos de los bonistas del canje, (el juez) pretende someter a la Argentina a una verdadera extorsión para que pague a los fondos buitre lo que pretenden, aún cuando el propio juez sabe perfectamente que tal pretensión implica la violación de la Ley argentina, así como de los contratos con el 92,4% de los bonistas que ingresaron al canje (cláusula RUFO)".

Además consideró que "puede ser ésta una maniobra encaminada a que los fondos buitre, directamente o a través de otras sociedades, cobren seguros de default que ellos mismos han reconocido que tienen".

"Lo actuado por el juez hasta el momento revela que su actitud, lejos de impartir justicia y generar condiciones equilibradas entre las partes, busca favorecer a los fondos buitre", insistió el Palacio de Hacienda.

"Lo más grave"-continúa el parte de prensa- "es que ya no estaríamos ante la conocida figura de 'utilización de información privilegiada para favorecerse', figura condenada internacionalmente por todos los organismos de contralor, sino que estaríamos ante un insólito caso donde una de las partes, con la ayuda del juez, provoca los hechos que luego la favorece", dispara.

"Ante esta posible estafa millonaria, el Ministerio de Economía ha notificado a la Comisión Nacional de Valores esta situación y ha solicitado que, de inmediato, se inicie una exhaustiva investigación que determine si este juicio no es en realidad la fachada de una maniobra especulativa en favor de los fondos buitre, que pretende que ganen por los bonos en default que compraron a precio vil, pero también por los derivados financieros que se cobran cuando esta sociedad ISDA lo decide", advierte el comunicado.  

"La CNV solicitará a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) información precisa sobre las transacciones con esos títulos, para investigar si los propios fondos buitre, por sí, o a través de terceros, obtuvieron ingentes beneficios al no alcanzar un acuerdo", concluyó el parte.