A los problemas económicos y políticos que muy probablemente genere el default, el Gobierno nacional podría sumarle serios problemas legales si se determina que las acciones que tomó en la pelea judicial con los fondos buitre y el juez Thomas Griesa fueron llevadas a cabo sin el respaldo jurídico que establece la legislación.

Como había adelantado LPO el mes pasado, si Cristina Kirchner elegía ir al default –algo que finalmente hizo- y no pedía autorización al Congreso, eso podría costarle un juicio penal por incumpliendo los deberes de funcionario públicos, lo mismo que al ministro de Economía Axel Kicillof y al director nacional de la Oficina de Crédito Público.

Está claro que el kirchnerismo no le dio ninguna intervención al Poder Legislativo y recién después del default la Presidenta dijo ayer que todas las decisiones las someterá a consideración de diputados y senadores. El argumento del oficialismo es que no hay default porque giró el pago del último vencimiento de la deuda, algo que los funcionarios estaban obligados a hacer a riesgo de ser denunciados penalmente.

Pero hay otro problema aún más grave y es la sospecha de que Kicillof y Cristina actuaron incumpliendo los procedimientos legales necesarios para respaldar la decisión de incumplir el fallo de Griesa y enviar al país al default. Al menos, hasta ahora el Gobierno no ha hecho pública esa información, y es probable que aparezca fuera de término.

Para tomar una decisión de semejante complejidad como es incumplir un fallo internacional -desacato-, se necesitan dictámenes jurídicos de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Secretaría de Legal y Técnica del Ministerio de Economía que respalden las acciones. No se trata de un mero trámite administrativo sino un exhaustivo análisis de las consecuencias legales y jurídicas que podrían derivar de cumplir la sentencia.

En este caso, la Procuración debió haber explicado en términos jurídicos y legales el argumento que Kicillof utilizó para justificar el incumplimiento: la activación de la cláusula RUFO. Se trata de un argumento muy discutido, que generó opiniones encontradas y el Gobierno debió estar respaldado por un dictamen jurídico. Todos estos actos debieron tener respaldo legal, de lo contrario podrían haber sido tomados arbitrariamente.

Un abogado especializado en derecho administrativo explicó a LPO que la Casa Rosada debería haber tenido incluso una amenaza concreta de los bonistas reestructurados de que pedirían la activación de la cláusula si se les pagaba a los buitres. El abogado, que sigue de cerca el tema, confirmó que el Gobierno no respaldó por escrito sus actos y tampoco este medio pudo acceder a la información a través de las oficinas encargadas.

La Procuración del Tesoro no sólo debió dar su opinión legal sobre el incumplimiento de la sentencia sino también debió haber justificado el giro de los fondos que fueron bloqueados por Griesa. La oficina debería haber argumentado por qué se enviaba sólo el dinero para los holdins cuando había una orden judicial de pagar también a los holdouts.

En todo caso, explicó el abogado, debió haber justificado el envío de esos fondos cuando había una amenaza pública de embargarlos por parte de Griesa. Si el dinero fuera embargado, al funcionario que autorizó su envío le cabrían consecuencias legales. Lo mismo para el que decidió desacatar el fallo de Griesa, si es que lo hizo sin respaldo legal.

Hay otro hecho que podría complicar al Gobierno. En 2012, a través de una declaración jurada el director de la Oficina Nacional de Crédito Público, Francisco Guillermo Eggers, se comprometió ante Griesa a cumplir las órdenes de los tribunales de Nueva York. Ahora, ese funcionario podría quedar sujeto a una acusación por falso testimonio.

Otro abogado que conoce el proceso indicó que ese hecho revela que el Gobierno obró en contra del compromiso del organismo más importante en esta materia. Kicillof hubiera necesitado un informe técnico de oportunidad, merito y conveniencia -según establece la Ley de Procedimiento Administrativo- para modificar ese compromiso de Eggers. O una ley del Congreso para ir al default.

Este abogado estimó que los funcionarios que tomaron estas decisiones sin respaldo administrativo ni legal podrían ser acusados por delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, mala praxis y violación de la ley de administración financiera, además de malversación de fondos por el giro de fondos aún sabiendo que podían ser embargados.