A sólo cinco días de la fecha límite para pagarle a los bonistas que aceptaron los canjes del 2005 y 2010, el gobierno parece estar dispuesto a entrar en default y tanto Cristina como Axel Kicillof desestiman públicamente el impacto que pueda tener una cesación de pagos.

Acaso una de las razones por las que la presidenta y los funcionarios del gobierno aún no les haya agarrado un ataque de nervios es porque no está claro que el próximo miércoles el juez Thomas Griesa pueda embargar los fondos depositados en el Bank of New York(BoNY) para pagarles a los fondos buitre.

El 30 de junio pasado, el ministro de Economía envió el dinero correspondiente al vencimiento de intereses del bono Discount por más de U$S1000 millones, de los cuales U$S539 quedaron frenados en el BoNY por orden del magistrado, ya que son los que tenían legislación norteamericana. La decisión generó cierta sorpresa, porque Griesa no los embargó, sino que consideró el desembolso “ilegal”, y lo dejó congelado en el Banco.

El 30 de julio vence el período de gracia que figura en las condiciones de emisión para poder pagarles a esos bonistas. Si ese día la plata no llega a manos de los tenedores de esos títulos, entonces el país entrará en default (técnico, selectivo, estratégico, o como el gobierno quiera llamarlo).

Pero lo cierto es que lo que todavía genera dudas es si ese mismo miércoles el veterano juez podría decirle al BoNY que le de esos dólares a los holdouts, una decisión que provocaría juicios por parte de los clientes de ese agente de pago.

Un abogado de Wall Street comentó a LPO que la alternativa del embargo no sería viable porque se trata de fondos soberanos. No es que Griesa no haya querido incautarlos: simplemente no podía porque se lo impedía la ley.

Esto explicaría mejor la estrategia intransigente del gobierno de negarse a negociar con los representantes de los buitres. Y la jugada de Cristina al anunciar por adelantado que pagará todos los compromisos del año que quedan de acá a diciembre. En definitiva, un embargo a los fondos de un país destinados a sus acreedores no es una acción judicial que Griesa pueda tomar a la ligera, ya que no está exenta de riesgos y consecuencias legales impredecibles.

El juez puede captar activos pero no fondos soberanos, reflexionaban desde la mayor plaza financiera del mundo.

Marcelo Etchebarne, abogado especializado en restructuraciones de deuda, consideró que “los fondos no se pueden embargar porque todavía están en la Argentina, aunque la jurisprudencia de los bonos sea en Nueva York”. “Ese dinero ya no es más del estado: el pago ya se hizo”, explicó el socio del estudio Canabellas, Etchebarne, Kelly. Es el mismo argumento que utilizó esta semana Cristina cuando desafió a "encontrar un nuevo nombre" porque no se tratará de un default hecho y derecho.

El hecho de que los acreedores aún no hayan cobrado se observa en las reservas del Banco Central, que todavía no acusaron recibo de ese pago. El stock de divisas de la entidad viene subiendo desde abril y por el momento no registraron una baja, a pesar de que desde el Palacio de Hacienda informaron hace casi un mes que los dólares fueron girados a los bonistas.

“La otra opción que tiene Griesa”, analiza Etchebarne, “es declarar el dinero como nulo. Pero para eso la plata tiene que salir bajo una de las normas previstas por el BCRA, y el embargo no es una de ellas”, aclara. "¿Qué haría Fábrega si el Bank of New York le informa que el pago fue a parar a manos de los buitres?", se preguntó.

“Los buitres no van a poder cobrar por medio de un embargo”, sentenció.

Otro abogado que prefirió el off the record se mostró con la posición contraria. “Si los fondos fueran soberanos, ni siquiera podrían haber sido ‘freezados’ por Griesa. Los abogados del BoNY habrían saltado a denunciar que eso era ilegal”, opinó. “La Argentina planteó eso en su defensa, pero la Cámara de apelaciones lo rechazó en su fallo del año pasado”, sostuvo este analista.

“Tampoco se trata de activos estratégicos inherentes a la seguridad del país”, amplía esta fuente del mundo de las leyes.

Por su parte, Eugenio Bruno, del estudio Garrido, cree que “primero, hay un tema de jurisdicción. Mientras los fondos estén depositados en Argentina estarían fuera del alcance de Griesa, pero el juez dijo en la última audiencia que el juzgado tiene jurisdicción sobre Argentina, algo discutible”.

En ese sentido, ayer el Ney York Times publicó una dura nota en donde carga contra el magistrado, al que acusa de no conocer el mercado de bonos y enredarse en una discusión legal sobre los alcances de sus decisiones sobre los distintos títulos que emitió la Argentina en la reestructuración de deuda del 2005 y 2010, que, para colmo, tienen jurisdicciones diferentes (EEUU, Japón, Europa, o Argentina).

“A mi entender, la discusión judicial no está del todo resuelta, a pesar del fallo de la Cámara, que confirmó la sentencia de Griesa sobre los pagos de los bonos reestructurados. Por eso todavía no tengo una posición definitiva sobre el embargo. Si los incauta se puede apelar. O podria mantener el status quo o incluso ordenar devolverlos a Argentina, algo que generaría mayor litigiosidad”, detalló Bruno.

Por ejemplo, si Griesa le ordena al BoNY que devuelva el pago al Tesoro Argentino, el gobierno le podría iniciar juicio porque no cumplió con las condiciones pautadas en el contrato.

Es evidente que no hay consenso entre los especialistas y ninguno podría predecir exactamente cómo va a terminar. Todavía pueden pasar muchas cosas en el llamado "juicio del siglo" y la cantidad de escenarios posibles parece ser infinita.