Fueron meses y meses de peleas, conflicto, dudas e incertidumbre en Mendoza. Desde diciembre del año pasado, oficialismo y oposición se trenzaron en una lucha política-institucional que llegó a su punto máximo hace tres semanas, cuando el gobernador Paco Pérez ordenó congelar toda la obra pública de la provincia y amenazar con no pagar los sueldos del Estado.

Ahora, tras un amplio acuerdo político con la UCR, el Ejecutivo provincial tendrá su presupuesto, tras la aprobación definitiva en la Cámara de Diputados, este miércoles. El presupuesto 2014 será de casi 36 mil millones de dólares, con un rojo de hasta 800 millones, que el Gobierno cubrirá tomando un crédito. Al mismo tiempo, los radicales exigen que se congele el ingreso de personal al Estado y que el año termine con las cuentas equilibradas. Además, pidieron que la pauta de gastos 2015 comience a discutirse en octubre próximo. Es que el principal partido de oposición quiere un presupuesto para el año que viene “austero y realista”. Se ven gobierno desde diciembre del 2015, y no quieren sorpresa a la hora de tomar las riendas de la Provincia.

El acuerdo que destrabó el presupuesto fue precedido por una ley de administración financiera, también acordada, que echó luz sobre aspectos poco claros de la Ley de Contabilidad mendocina, imprecisa y en muchos casos contradictorias con la propia Constitución provincial.

El conflicto con la UCR comenzó en diciembre pasado, cuando el Gobierno presentó un proyecto de presupuesto 2014 de 33 mil millones de pesos con un déficit de 1.800 millones. El oficialismo cuenta con mayoría simple en ambas cámaras, por lo que no tenía problemas en aprobar la pauta de gastos, pero no lograba los dos tercios necesarios tanto en el Senado como en Diputados, para que la Legislatura le otorgara el permiso constitucional para tomar deuda con la intención de tapar el rojo.

Así que a finales de abril pasado, Paco Pérez ordenó una osada movida política e institucional: se reformó la Ley de Contabilidad, que establece que si no hay presupuesto aprobado, se replicará el del año anterior. Pero se le agregó la modificación que el mismo criterio se podría utilizar para los permisos de endeudamiento, que son anuales según la Carta Marga mendocina.

El oficialismo festejó la movida, se burló de los radicales y comenzó a pensar en un endeudamiento de 1.200 millones de pesos, tal el permitido en el 2013. La UCR interpuso una demanda en la Corte local denunciando como inconstitucionales las modificaciones a la Ley de Contabilidad. Al mismo tiempo, pidió una precautoria para que no tuvieran efecto los cambios en la norma.

Cuando el Gobierno estaba a punto de emitir bonos por 1.200 millones de pesos, incluso tras una gira de Pérez por Europa y de su ministro de Hacienda, Marcelo Costa, por Nueva York, para tentar inversores, la Corte aceptó la precautoria de los radicales y el plan se derrumbó.

Furiso, Pérez ordenó que todos sus funcionarios salieran a recitar la cantidad de obras y de servicios del Estado que se “caerían” por culpa de la oposición. El efecto fue el esperado, más allá de alguna defensa de la UCR. El Gobierno entonces logró que los radicales aceptaran al menos aprobar una parte del rojo previsto. Así, el partido opositor vio la posibilidad de exigir algunas cuestiones que creía convenientes de cara a lo que viene: el último año de gestión de Paco y las generales del 2015, donde se ven amplios ganadores.

La movida de Paco fue riesgosa, pero hizo que la UCR finalmente aceptara aprobar un permiso de endudamiento por 800 millones de pesos, luego de que argumentaran durante meses que “el Gobierno no necesita tomar deuda, sino administrar como corresponde, porque gestiona mal y gasta peor”.

A su vez, el radicalismo salió a pegarle a Paco porque en el nuevo presupuesto que se terminó de aprobar este miércoles, el Gobierno debió “sincerar” los números de la economía provincial: inflación de 28% y crecimiento neutro para el 2014.

Con todo, el acuerdo llegó, y terminó con la incetidumbre que incluso inquieró a importantes sectores empresarios, quienes blandían críticas para ambos lados, pidiendo que los políticos y dirigentes se sentaran a dialogar y encontrarle una salida al conflicto.

Pero las bases del acuerdo exedió el tema del presupuesto. En la Legislatura, desde hace un mes, hay presentado un proyecto de ley por el cual ningún funcionario ni empleado del Estado (Ejecutivo y Legislativo) puede ganar más que el gobernador.

La iniciativa, llamada “de convergencia salarial”, fue presentada por el titular del bloque de Senadores oficialistas, Fernando Simón, e inmediatamente fue bien recibido por los radicales, y también por el PRO y el Frente Renovador.

El proyecto prevé simplemente que todo empleado que gane más que el gobernador, no podrá recibir más de 30% del aumento acordado en paritarias para sus pares. Así, en un plazo de tres o cuatro años, ningún agente estatal estará por encima del haber del mandatario de turno, y recién ahí podrá cobrar el 100% de los aumentos acordados en paritarias. En ese sentido, Simón ha destacado que no se contempla ni un recorte ni un congelamiento de los haberes, sino, justamente, tomar las medidas necesarias para que finalmente los salarios convergan por debajo del ingreso del gobernador.

A horas de alcanzar el acuerdo definitivo por el presupuesto, el radicalismo ventiló una lista de 787 agentes estatales con sueldos de entre 60.000 y 100.000 pesos, muy por sobre los 30.000 que cobra Pérez. Los datos fueron filtrados por el Ministerio de Hacienda, y al otro día, no sólo ratificados, sino militados por funcionarios del Gobierno que pidieron que “todos los partidos” apoyen la idea de la “convergencia salarial”.

Los agentes estatales con tan suculentos sueldos están repartidos por diversos ministerios y organismos desentralizados. También están incluídos jueces de la Justicia provincial, aunque en este caso particular, no son alcanzados por el proyecto de ley de convergencia salarial por razones constitucionales.

Para los radicales, “es una gran noticia que este proyecto haya sido presentado por el oficialismo, así paga el costo político, mientras nosotros sólo apoyamos, y realmente se avanza en ordenar una situación que si somos gobierno, estará encaminada y nos ahorrará un dolor de cabeza”, explicó un radical que tiene fe en lograr un triunfo en diciembre del 2015.