Otra vez el transporte urbano de pasajeros se convirtió en un dolor de cabeza para el intendente de la ciudad de Córdoba, el radical Ramón Mestre, quien se ilusionaba a comienzos de año en que la reforma del sistema lo llevaría, junto a la crisis policial que azotaba al gobernador José Manuel de la Sota, hacia la cúspide política provincial en 2015.

Mestre resolvió anoche cancelar la concesión de los corredores otorgados a la empresa Ciudad de Córdoba, una vez vencido el plazo de intimación que le había trazado para que presente un plan de capitalización que dé seguridad sobre su situación económica.

La Municipalidad le entregó los corredores a las otras tres empresas concesionarias (Coniferal, Ersa y Autobuses Santa Fe), las que se harán cargo de los mismos a partir del 1 de agosto.

Ciudad de Córdoba, a través de su abogado, Guillermo Torres Aliaga, dijo que la empresa sufre “un trato discriminatorio y persecutorio” por parte de la Municipalidad, y anticipó que iniciarán acciones judiciales.

Como consecuencia de esta crisis la ciudad de Córdoba padeció esta semana un día y medio de paro del transporte, lo que enojó mucho a los vecinos, que esperaban una solución al problema.

Los empleados de Ciudad de Córdoba, aunque tienen asegurado su paso a la empresa que eventualmente reemplace a la actual prestataria, resolvieron parar el lunes a la tarde, en forma sorpresiva, lo que dejó en incómoda situación a decenas de miles de usuarios del transporte.

Impulsado por los delegados, y ante la cercanía de elecciones en el gremio, el secretario general de UTA, Alfredo “Cuchillo” Peñaloza, extendió la medida de fuerza a las otras empresas, con lo que quedó inmovilizada la ciudad de Córdoba.

Para la administración radical, e incluso para el gobierno peronista, lo sucedido fue más parecido a un lock out que a un paro gremial, porque los empleados exigían que la Municipalidad confirme a Ciudad de Córdoba, lo que finalmente no ocurrió.

La Municipalidad considera que ya ayudó lo suficiente con subsidios millonarios a Ciudad de Córdoba, y que continuar haciéndolo le abre nuevos frentes con las otras empresas, que reclaman iguales beneficios.

Muchos de los opositores a la administración radical sospecharon siempre que se empujó a Ciudad de Córdoba a salir del sistema para concederle los corredores a Ersa, la empresa correntina a la que le adjudican una estrecha relación con Mestre. Aunque la distribución de corredores se hará a las tres empresas que quedan prestando el servicio.

El Ministerio de Trabajo de la Provincia había declarado ilegal el paro, pero la UTA no dio marcha atrás y continuó con la medida de fuerza.

Mestre les advirtió a los empleados que de esa manera se caía el compromiso asumido de conservarles los puestos de trabajo, y De la Sota habló hasta de “desobediencia civil”.