Cristina Kirchner amenaza a los gobernadores de las provincias petroleras con retacearle fondos si no adhieren a la ley de hidrocarburos promovida por Miguel Galuccio, rechazada tanto por los mandatarios como por las petroleras privadas.

El más apuntado fue Jorge Sapag, de Neuquén, a quien desde el Gobierno advirtieron que se frenarán los planes de obra pública y no habrá margen para refinanciar su deuda con la Nación si insiste con liderar la rebeldía de los gobernadores.

“Hay presiones y amenazas económicas. Pero no vamos a ceder”, confiaron a LPO desde la gobernación neuquina, donde ya imaginan paralizadas los planes de viviendas y las mejoras en rutas y caminos que está haciendo la Nación. 

Una parte de la deuda neuquina con la Nación fue refinanciada en marzo, antes de iniciado este debate. Sapag quería una operación similar para estos meses que no tendrá. 

No será la primera vez que Cristina amenace a un gobernador con vaciarle le caja. Cuando Jorge Yoma dejó de votar con el oficialismo le dijo al riojano Luis Beder Herrera que si no le hacía rever su postura tendría que pedirle al diputado que pague los sueldos de la provincia. 

El senador nacional del Movimiento Popular Neuquino, Guillermo Pereyra, jefe del sindicato de petroleros de esa región, dijo que Cristina amenazó frenar las obras por mil millones en Añelo, la localidad donde se ubica el yacimiento de Vaca Muerta, un compromiso que asumió en el acuerdo con Chevrón.

“El gobernador me llamó, y yo le aclaré que estamos atrás del mismo fin. Si reclama lo que es de la provincia tendrá con él a todos los trabajadores para defender los intereses de todos los neuquinos", señaló Pereyra.

Como explicó LPO, Sapag no está sólo: ayer el mendocino Francisco “Paco” Pérez le confirmó que lo acompaña, al igual que el chubutense Martín Buzzi. El resto de los mandatarios fue menos explícito pero se sumó, por acción u omisión, a los dos proyectos alternativos que el neuquino le acercó a Carlos Zannini.

El último fue reciente, en respuesta a la reunión que Axel Kicillof, Miguel Galuccio y Julio De Vido tuvieron hace diez días con las petroleras privadas para exigirles apoyo a la ley que YPF sueña con tratar en el segundo semestre.

Los gobernadores no están dispuestos a hacer las concesiones que exige Galuccio, quien en su proyecto les impide asociarse a las petroleras privadas, pone un tope de 12% a las regalías, de 3% a ingresos brutos y prohíbe cobrar sellos.

Dispuestos a ir por todo, exigieron también reconsiderar el precio del combustible tomado para liquidar regalías, que no suele ser el valor internacional sino uno menor definido por el Gobierno.

El debate por el acarreo es el más problemático. Según Galuccio, si las provincias, que son dueñas del recurso, también se encargan de traer inversores y ponerle condiciones, YPF perderá terreno con las empresas privadas.

Para Cristina Kirchner, si Galuccio no puede manejar a gusto las inversiones no hay soberanía energética posible. “YPF tampoco tiene fondos para invertir y por eso hace acarreo, como hizo para traer a Chevrón. No puede pedir que los dueños de los recursos cobremos regalías pero no podamos traer inversores”, repiten en Neuquén.

Los voceros de esa provincia aseguran que las petroleras privadas no quedaron conformes con Galuccio: “Les parece bien que haya un plexo normativo, pero entienden la actitud monopólica que tiene y les preocupa. De los 30 mil kilómetros cuadrados de Vaca Muerta tiene 12 mil, pero no le alcanza y quiere esta ley”, señalaron.

Como parte del contraataque, los gobernadores comenzaron a recordar que YPF, en definitiva, es una empresa privada con un 49% de acciones en manos de compañías extranjeras, algunas muy polémicas como el fondo buitre Third Point, que adquirió el 2,65% de acciones el último mes por 393 millones de dólares.

Liderado por Dan Loeb, esta firma maneja 14 mil millones de dólares y con su operación logró que YPF subiera sus acciones 6,35% en New York.

Loeb justificó su operación que “un inminente cambio en el liderazgo político hacia fines de 2015 debería llevar a políticas más amigables con los mercados, incrementará la inversión directa e impulsará la economía”. Tal vez especulaba con empezar a ganar con la ley que trabaron los gobernadores.