El miércoles pasado, en un salón relacionado con actos peronistas de campaña, la industria minera mendocina realizó un encuentro para debatir el presente y el futuro del sector. A él asistieron varios importantes dirigentes del oficialismo mendocino, quienes con encendidos discursos, pidieron que se debate y modifique la ley provincial 7.722, llamada antiminera, que prohíbe la explotación metalífera.

El dato es llamativo teniendo en cuenta la resistencia del gobernador Paco Pérez a abrir una discusión que se transformará inmediatamente en duros cuestionamientos y movilizaciones de las organizaciones ambientalistas locales. Asimismo, para Pérez, a quien le queda poco más de un año de gestión, le molesta y mucho la postura de sus compañeros de partido. Es que fue él quien, como candidato a gobernador, pidió la aprobación de la ley.

Alejandro Abraham y Dante González, diputados nacionales peronistas, además de varios legisladores provinciales e intendentes, fueron de la partida en el encuentro de la industria, y todos hablaron. Con mayor o menor énfasis, se quejaron ante los mineros porque Mendoza “está desaprovechando una oportnidad única de desarrollarse”. Abraham fue el más vehemente, al afirmar directamente que la ley 7.722 “no sólo prohíbe el desarrollo de la minería metalífera, también frena el desarrollo de Mendoza y la cración de miles de empleos”.

Según datos de la cámara minera local, en el mediano plazo se podrían crear 10.000 puestos de trabajo en la provincia si se eliminara la ley 7.722, y se podrían ejecutar inversiones en el corto plazo por más de 200 millones de dólares, además de ingresos vía regalías millonarios para las arcas provinciales.

En esta línea se movió Abraham, al reclamar la apertura del debate de la ley, aprobada en la campaña del 2011 por pedido de Pérez, preocupado por el impacto que podría tener el no debate de la ley en las urnas. Por esos días, se lo acusaba al ahora gobernador de prominero por haber sido parte de un estudio de abogados que tuvo a varias mineras extrangeras como clientes.

“No creo que habilite el debate, porque tiene el pecado original”, refirió un alto funcionario provincial respecto a la postura del gobernador, que no ha sido hasta ahora explícita. “Si lo apuran, va a bancar la 7.722”, agrega la fuente.

Algo similar explicó el ministro de Energía de Mendoza, Marcos Zandomeni, en la cena de la industria, aunque con otras palabras, mucho más suaves. Para el ministro, hay que avanzar en lo que permita la ley, y buscar alternativas a otros emprendimientos hoy vedados. El guiño fue para San Jorge, en Uspallata, una mina de cobre que promete grandes beneficios para Mendoza. Hoy ese yacimiento está en manos de inversores rusos, quienes quieren comenzar a explotar y llevar la materia prima a San Juan para procesarla. Para eso se está comenzando a construir una vía férrea de 22 kilómetros. Sería la forma de evitar los efectos de la 7.722, aunque, claro, muchos de los potenciales beneficios se los llevaría la provincia vecina.

Con todo, Pérez cada vez escucha más posturas a favor de la minería de todo tipo en las filas de su propio partido. Incluso varios miran hacia delante y le recuerdan a Pérez que con a minería al 100%, Mendoza no tendría los problemas financieros que hoy a aquejan.

“No creo que el próximo gobernador pueda desestimar a la minería como actividad que le dé recursos a la Provincia, deberá sí o sí desarrollarla al máximo de sus potencialidades”, reflexionó el diputado nacional Dante González frente a los empresarios mineros. Dejó claro que sea o no peronista el sucesor de Pérez, el debate se impondrá al menos con el apoyo de una buena parte del justicialismo mendocino.