El Congreso entrará en receso la semana próxima y uno de los principales temas que tendrá cuando vuelva abrir será la ley para controlar los precios y la producción de medicamentos, que empezó a debatirse tras la denuncia de Cristina sobre aumentos exorbitantes en los últimos meses.
El proyecto fue presentado por la entrerriana Carolina Gaillard, cercana al gobernador Sergio Urribarri y con experiencia en la producción de medicamentos por haber trabajado en el Laboratorio de la UBA.
Gaillard trabajó en el tema desde que llegó al Congreso en diciembre, pero tuvo que esperar que Cristina Kirchner se pelee con los laboratorios privados para tener vía libre.
La ruptura fue la primera que el kirchnerismo tiene con un rubro que hasta el año pasado negociaba precios con Guillermo Moreno sin ningún conflicto.
Pero con la devaluación y Augusto Costa de Secretario de Comercio quisieron recuperar el tiempo perdido con aumentos abruptos que obligaron al funcionario a emitir una resolución obligándolos a retrotraerlos. No lo logró y fue ahí cuando Cristina los increptó con nombre y apellido vía twitter.
Muchos eran viejos conocidos suyos como Hugo Sigman, de cercanos vínculos al kirchnerismo; y Anabel Sielecki, esposa del canciller Héctor Timerman.
El lobby de Sigman y Sielecki fue efectivo en 2008 para impedir la reglamentación de una ley similar a la que ahora quiere Cristina.
Esta vez no hay indicios de evitarlo y su apuesta será torcer a los legisladores. Tras audiencias con directivos de laboratorios y directivos la Comisión de salud, con mayoría oficial, le daría despacho en las primeras semanas de agosto para enviarlo al Senado sobre fines de mes.
“Lo que buscamos es agrupar a los laboratorios públicos de órbita nacional, provincial y de universidades. Y diseñar una política de producción y distribución de medicamentos basado en el acceso de salud”, explicó Gaillard a LPO.
La implementación de la ley estará a cargo de una Agencia Nacional de Laboratorios Público (Anlap) integrada por los laboratorios del Estado, que en sociedad con la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (ANMAT) harían una suerte de contrapeso de los privados.
Impondrían precios mínimos y centralizarían la compra de “principios activos de base” que los privados produzcan con exclusividad.
“Cuando los medicamentos los producen los privados la ganancia es exorbitante y a veces llegan al 1000%. El problema es que al costo le agregan el marketing y la publicidad”, explicó.
La diputada consideró además se podrá apostar a un mayor cumplimiento de la ley de genéricos. “La gente sigue creyendo en el médico que acostumbra a recomendar marcas en sus recetas. Hay que evitarlo”, insistió.
