Sergio Massa reunirá la semana que viene a sus 23 intendentes para definir una postura en común respecto de adherir o no a la Policía Municipal que Daniel Scioli creó por decreto. Por estas horas, en el massismo están estudiando la letra chica de la resolución que la semana pasada presentó Alejandro Granados junto al Gobernador en la casa de Gobierno de La Plata.

La idea de Massa es evitar que sus intendentes avancen con su cuenta a través de acuerdos bilaterales con el ministro de Seguridad bonaerense como sucedió con los Comando de Prevención Comunitaria (CPC).

La reunión del jueves próximo será en Malvinas Argentinas, todo un gesto hacia Jesús Cariglino, quizás el intendente massista más cercano a Granados. El jefe comunal fue el primero en sumarse a los Comandos, abriendo una grieta en el Frente Renovador que al menos por ahora, Massa parece haber logrado controlar.

Fuentes del municipio que conduce Cariglino aseguran que el jefe comunal esperará a la reunión del jueves y recuerdan que se lograron buenos resultados con el Comando creado por Granados.

En las filas del Frente Renovador aseguran que hay un punto que preocupa por encima del resto y que podría definir un generalizado rechazo: El financiamiento. Es que la resolución que presentó Granados, sólo destaca que la nueva fuerza "será equipada, conformada y financiada por el presupuesto de la Provincia".

Por el contrario, en el massismo reclaman que se utilicen los criterios similares a la coparticipación y que eso sea aprobado a través de una ley aprobada en la Legislatura. "Lo que existe es un financiamiento discrecional", aseguran desde la fuerza de Massa y agregan que se adeudan seis meses de pagos a Ioma (la obra social del Estado bonaerense) y varios meses a los comedores escolares. "¿Qué va a pasar con los fondos que la Provincia tenga que girar a un municipio opositor. Vamos a terminar con 200 efectivos que no están en los presupuestos municipales y sin recursos", explica a LPO un legislador massista.

En tanto, el diputado provincial, Mario Giacobbe, destacó además otro punto conflictivo: La capacitación que recibirán los efectivos de la nueva fuerza. "El proyecto que aprobamos en Diputados establecía un año de capacitación como mínimo y eso ya era motivo de debate. Ahora pretenden sacarlos a la calle con una instrucción de sólo seis meses. Es un peligro para los propios agentes", dijo el legislador a LPO.

Uno de los intendentes que más rechazan la resolución de Granados es Joaquín de La Torre. "Tenemos patrulleros, tenemos cámaras, tenemos comunicación propia encriptada entre patrulleros, tenemos un centro de comando. Es importante poder contar con una Policía Municipal pero no esto que es un apéndice de La Bonarense", dicen desde San Miguel.