En 1990 Cristina Kirchner impulsó el juicio político del ex gobernador de Santa Cruz Ricardo Val cuando ni siquiera se había iniciado una causa judicial, un paso que el jueves el los diputados kirchneristas consideraron necesario para iniciar ese proceso con Amado Boudou.
“Todos los argumentos que hoy exponen para proteger a Boudou son contrarios a los utilizados por la Presidenta en 1990”, recordó el diputado radical Julio Martínez, miembro de la Comisión de Juicio Político.
“Hace 24 años Cristina (era diputada provincial) fue autora intelectual del juicio político al entonces Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, Ricardo Del Val. No esperaron, ni siquiera, la apertura de una causa judicial y en tres días lo destituyeron”, recordó.
Y reiteró “es absolutamente falso que esta Cámara deba esperar los fallos judiciales para destituir al Vicepresidente”, algo que repitieron todos los opositores en la sesión del jueves.
En el informe presentado por el kirchnerismo, los 17 diputados de la Comisión dejaron sentado que abrir un informe por la actuación de Boudou en la quiebra de la ex Ciccone era una intromisión en la justicia.
Toda la oposición explicó que la ley de juicio político vigente no obliga a seguir el curso judicial: justamente, la tarea de los legisladores es definir si un funcionario tuvo un “mal desempeño de sus funciones”.
Y entre los puntos a considerar se encuentra la “incompetencia, negligencia, parcialidad o arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones]” como también en la “inmoralidad comprobada por hechos concretos que ocasionen descréditos al cargo desempeño o a las instituciones republicanas”.
La actuación de Boudou en la quiebra y venta de la ex Ciccone a The old Fund, tal como la describió el juez Airel Lijo en su procesamiento, encuadra en cualquiera de esas conductas, pero para el kirchnerismo ni siquiera fue motivo de abrir un informe.
Martínez sostuvo además que el vicepresidente debería tomarse licencia. “Es legal que Boudou siga en el cargo, pero le pedimos que se tome licencia. Su participación en el negocio para quedarse con la máquina de hacer billetes lo inhabilita moralmente para seguir presidiendo el Senado”, sostuvo.
