El Gobierno se hizo eco de uno de los principales reclamos de las entidades rurales: comenzar a trabajar un proyecto tendiente a lograr la transparencia en el mercado de granos. Pero, como suele ocurrir en este tipo de casos, a veces se logra el efecto contrario al deseado.

Sucede que el proyecto oficial que busca hacer obligatoria la registración de todas las operaciones de compra/venta de granos, deberán ser declaradas por intermedio de agentes registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Ministerio de Agricultura.

Y justamente es en este punto por donde pasa la polémica dado que en el sector agropecuario desconocen cuál es el objetivo de la intromisión de la CNV en el mercado en una función que, en teoría, ya la cumple la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En este sentido, según pudo averiguar La Política Online, desde el año pasado comenzó a gestarse una muy buena relación entre el presidente de la CNV, Alejandro Vanoli, y las autoridades del Centro de Corredores de Cereales encabezados por Javier Buján.

Es que, tal como publicó este medio en diciembre pasado, tanto la CNV como los corredores tienen un enemigo en común. Se trata del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que en ese entonces denunció una evasión tributaria de los corredores por más de $ 130 millones.

En ese momento, tras la avanzada de la AFIP, Vanoli salió en defensa de los corredores y les concedió una serie de modificaciones especiales a la Ley de Mercado de Capitales que se estaba debatiendo. Y al parecer, ahora, llegó el momento de la “devolución de favores”.

Por esto mismo, los únicos en el agro que salieron a apoyar el proyecto oficial de registración de precios a través de la CNV fueron precisamente los corredores que, a su vez, son muy criticados por el resto de los eslabones de la cadena comercial.

“La declaración de las operaciones del mercado de granos permitirán conocer un caudal de operaciones que hoy desconocemos” remarcó el corredor Javier Buján, en su cuenta personal de Twitter, en defensa de la iniciativa oficial.

La respuesta del otro lado no tardó en llegar: “Avalar este proyecto implica intentar obligar a todos a registrarse ante la CNV y de ese modo permitir que, como ocurre con las empresas que cotizan en Bolsa, un Moreno o un Kiciloff se sienten en las mesas del directorio”, advierten importantes referentes del sector. 

Así las cosas, lo concreto es que con este proyecto Vanoli tiene mucho en juego dado que, en caso de aprobarse, lograría sumar un importante poder de información y de paso enviar un mensaje político en el marco de su interna con Echegaray.

Pero, tal como era de esperar, Echegaray no se quedó callado y también jugó una carta en respuesta a Vanoli y los corredores. Fue la semana pasada cuando la AFIP publicó un “mapa de precios de granos” con datos de volúmenes operados según destino de entrega.

La jugada de Echegaray no fue casual: se dio justo un día después de que Vanoli junto a funcionarios del Ministerio de Agricultura presentaran el proyecto ante representantes de las Bolsas de Cereales, mercados de futuros (Matba y Rofex), exportadores, cooperativas, molinos, acopiadores, corredores y productores.

Como sea, lo cierto es que pareciera que las cosas no le van a resultar del todo sencillas a Vanoli y los corredores para poder imponer su proyecto. Es que en las últimas horas hubo reuniones con carácter de urgencia entre varios de los sectores involucrados para trabajar una propuesta “superadora” que no contemple la intervención de la CNV en el mercado de granos.

“Lo más notable es que todos los funcionarios dicen que este proyecto es para defender a los productores, pero curiosamente sus representantes, en forma unánime, lo rechazan, por lo que el proyecto perdió todo aval y sentido”, sostienen fuentes del comercio.

La posición de las entidades

En este escenario, el rechazo a la intromisión de la CNV en el mercado de granos es casi mayoritario: se oponen las entidades rurales nucleadas en la Mesa de Enlace, los representantes de la exportación (Ciara-CEC), las Bolsas de Cereales, la Federación de Centros de Acopiadores de Cereales y las cooperativas AFA y ACA.

De esta manera, los directivos de Confederaciones Rurales (CRA) y la Sociedad Rural (SRA) manifestaron por medio de comunicados de prensa su posición respecto al proyecto. En ambos casos dejaron en claro no quieren que en el tema tenga injerencia la CNV.

“Es el Ministerio de Agricultura el organismo de contralor del funcionamiento de las Bolsas de Cereales, a través del decreto 2284, lo que torna innecesaria la incorporación de nuevos organismos de contralor”, afirmó la entidad que preside Rubén Ferrero.

Por su parte, la SRA comunicó que “no vemos conveniente que se trasladen funciones hacia órganos del Estado Nacional con competencia en otros mercados”.

En la misma línea, desde Coninagro aseguraron que “la intervención de la CNV no tiene ningún sentido si queremos transparencia, es poner una traba más, y además se corre el riesgo de que los productores estén alcanzados por la Ley de Mercado de Capitales”.

Por último, el presidente de la Federación Agraria (FAA), Eduardo Buzzi, dijo que “reconocemos que los productores son quienes mejor saben de su negocio y les puede convenir hacer una venta directa o una venta a fijar”.

La posición oficial

En tanto, el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, decidió en esta oportunidad mandar a su secretario, Gabriel Delgado, para intentar convencer al conjunto del sector agropecuario sobre la importancia del proyecto oficial de registración de precios en el mercado de granos.

“Queremos promover la generación de información transparente y abundante para eliminar las asimetrías existentes en la fijación de precios, que perjudican especialmente a los productores”, indicó Delgado, aprovechando el respeto que genera su figura en el sector (a diferencia de los otros funcionarios de Agricultura).

“Cualquiera sea el tipo de operación, los precios seguirán surgiendo, como hasta ahora, de la libre puja entre la oferta y la demanda. Nosotros sólo proponemos que se registren las operaciones en los mercados habilitados, para que todos los actores del mercado tengan la posibilidad de tener acceso a la información, en forma anónima, sobre los precios acordados en las operaciones”, detalló el enviado de Casamiquela en la reunión que mantuvo con los referentes del sector.