“¿Hay algo peor para el gobierno que el procesamiento de Boudou? Sí, que procesen a Milani”, reflexionó ante LPO un miembro del Consejo de la Magistratura que esperó todo el año el jury al juez federal Daniel Rafecas, primero impulsado y ahora cajoneado por el kirchnerismo.

Según interpretan en el Consejo de la Magistratura, la protección del Gobierno a Rafecas tendría relación con la causa que instruye por enriquecimiento ilícito contra César Milani, el polémico jefe del Ejército impuesto por Cristina Kirchner en diciembre, sobre quien también pesan denuncias por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

Milani es un hombre clave en el dispositivo de poder del último tramo de gobierno de Cristina, quien peleada con un sector de la Secretaría de Inteligencia, le habría encomendado a este ex jefe de Inteligencia del Ejército que arme un sistema paralelo.

En noviembre Rafecas pidió a la AFIP y a la Oficina Anticorrupción copias certificadas de todas las declaraciones juradas de Milani, como parte de la instrucción que había solicitado el fiscal federal Jorge Di Lello

La causa empezó cuando el Programa Periodismo Para Todos le atribuyó a Milani una mansión en el exclusivo barrio La Horqueta y coches de alta gama, entre otras propiedades muy costosas.

Los diputados nacionales Graciela Ocaña (Confianza Pública) y Manuel Garrido (UCR) aportaron además pruebas sobre posibles irregularidades en un convenio firmado con el Mercado Central por compra de alimentos para el Ejército.

Mientras Rafeca comenzaba a estudiaban este caso, en noviembre del año pasado los representantes del Gobierno en el Consejo de la Magistratura habían empezado a preparar el dictamen para impulsar el juicio político al magistrado, al que no perdonaban haber allanado el departamento de Puerto Madero de Amado Boudou, cuando tuvo la causa Ciccone en sus manos.

Para denunciarlo apelaron a un intercambio de mensajes por la aplicación de chat Whatsapp con Danilo Danuzzo Iturraspe, entonces abogado de José María Núñez Carmona en la causa que terminó derivando en el procesamiento del vicepresidente.

Los mensajes se filtraron a la prensa al poco tiempo de que se destapara el escándalo por la venta de la ex Ciccone Calcográfica a The Old Fund, la firma de Alejandro Vanderbroere, cercano a Núñez Carmona, amigo de Boudou.

Rafecas tomó el caso y cuando se suponía que el vicepresidente se encaminaba a salir ileso, ordenó un allanamiento en el departamento de Puerto Madero que el ex ministro le alquilaba desde mediados de 2010 a Fabián Carosso Donatiello, amigo y socio de Vanderbroele. Comprobó que el dueño de The Old Fund le pagaba las boletas y pronto fue apartado de la causa.

“Allanó porque pensó que no iba a encontrar nada. Pero en las escuchas quedó claro que estaba buscando frenar la causa”, sostuvo ante LPO un consejero que pidió su enjuiciamiento.

Es que el radicalismo tienen cuentas pendientes con este magistrado y hubiera acompañado gustoso al kirchnerismo en su destitución.

Hasta noviembre a Rafecas sólo lo defendían los consejeros en representación de los jueces, Ricardo Recondo y Alejandro Sánchez Freytes, y la "bancada" de los abogados, Daniel Ostropolsky y Alejandro Fargosi, quienes  habían presentado un dictamen para desestimar "in limine" la denuncia. El entonces presidente del Consejo Mario Fera, le daba el quinto voto, que mantenía frenado el jury. 

Pero el 5 de diciembre, en la reunión del Comité de disciplina el representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales, pidió postergar el tema. 

En enero, Eduardo Wado de Pedro y Julián Álvarez asumieron en el Consejo como representantes del Ejecutivo y del bloque K de Diputados. Y nunca más el caso Rafecas apareció en el orden del día.