El ministro de Hacienda de Mendoza, Marcelo Costa, se pasó el día en una serie de reuniones febriles tratando de anticipar el impacto de la decisión de la Corte de Estados Unidos en el programa financiero que había diseñado para que su provincia lograra transitar sus sofocones financieros.

La razón es muy simple: antes del final de junio, el Gobierno de Mendoza tenía decidido emitir un bono en el mercado internacional de hasta 200 millones de dólares, para hacer frente al déficit previsto para este año de unos 1.200 millones de dólares.

De hecho, el propio gobernador Paco Pérez visitó semanas atrás las principales plazas financieras del mundo para tantear los mercados.

La noticia cayó como un balde de agua fría en la administración mendocina, que todavía seguía festejando el acuerdo con el Club de Paris, un paso que estimaba indispensable para bajar la tasa a niveles aceptables y acaso para conseguir inversores internacionales para la abandonada mina de Potasio-Río Colorado que abandonó la brasileña Vale.

Pero todo cambió con la decisión e la Corte norteamericana de rechazar la apelación de Argentina contra los fallos de primera y segunda instancia que obligan al país a pagarle al fondo NML de Paul Singer, el cien por cien de sus acreencias que suman unos u$s 1.330 millones.

En Mendoza creen ahora con el riesgo de un default técnico en puerta, las tasas que debería enfrentar Mendoza para tomar deuda podrían dispararse a niveles intolerables.

Enrique Vaquié, diputado nacional radical y ministro de Hacienda de Julio Cobos (2003-2007), ya salió a advertir que la situación será “compleja”. Al mismo tiempo, economistas locales de distinta extracción, consultados por funcionarios de Pérez, confirmaron que que el interés en el caso de un crédito internacional “será muy elevado respecto a la jornada anterior”.

“El riesgo país, al menos, ha subido un 10%, y esto pesa siempre a la hora de emitir deuda”, reflexionó el ecomomista mendocino Sergio Papi. Justamente este tipo de variables son las que el ministro Costa está analizando, tras anunciar en Londres y en Nueva York que se aprestaba a lanzar una colocación.

Un escenario complejo

El panorama que ya es lo suficientemente adverso, se complejiza aún más en Mendoza porque sobre la cabeza del gobierno de Paco Pérez pende un fallo de la Corte mendocina que podría inclinarse por definir como ilegal una maniobra que hizo el oficialismo para poder endeudarse, apelando a un permiso legislativo del año pasado.

Ante la imposibilidad de conseguir los votos este año, el gobernador ordenó modificar la Ley de Contabilidad, para que el visto bueno que le dio la Legislatura el año pasado para tomar deuda, se prorrogue en el 2014, tal como ocurrió con el Presupuesto que tampoco pudo ser sancionado.

Esta maniobra fue denunciada por los radicales a la Corte local, que en una instancia inédita, “invitó” a Gobierno y oposición a buscar una salida política al conflicto. Esta salida está lejos de ser una realidad por la insistencia del Gobierno respecto a la necesidad de cubrir el rojo con deuda.

Los radicales sostienen que la recaudación de Mendoza aumentó “al menos” un 40 por ciento respecto al año pasado, mientras que el presupuesto 2014 es sólo un 25 por ciento más elevado que el del 2013. “Si mueven partidas, racionalizan el gasto y administran mejor, le sobra plata a Pérez para afrontar el déficit y cumplir con todas las obligaciones del Estado”, argumenta el diputado radical Víctor Scatareggia, unos de los radicales que presentó la demanda ante la Corte provincial.