Tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos a la apelación argentina en el juicio con el fondo NML de Paul Singer, el Gobierno debe diseñar contrareloj una estrategia para evitar entrar en default y seguir afuera del mercado de capitales.

Si pretende pagar, algo que recién se sabrá cuando esta noche hable Cristina, los caminos no son muchos: El 30 de Junio debe afrontar un pago de poco más de 900 millones de dólares por un vencimiento del bono Discount, que podría ser embargado si se vuelve operativo el fallo del juez Thomas Griesa que obligó a pagarle a Singer el 100% de lo que reclama, unos 1.330 millones de dólares.

Esa hipótesis ubicaría a la Argentina en "default" técnico ya que la suma girada para el Discount no alcanzaría para pagar a todos los acreedores

El primer paso que puede dar Cristina en lo inmediato para evitar ese escenario es pedir una reconsideración ante la Corte estadounidense. Si bien casi nunca es tenida en cuenta, su análisis demandaría al menos 25 días, período en que seguiría vigente la imposibilidad de embargar a la Argentina, lo que le permitiría al país pasar el sofocón del vencimiento de fin de este mes.

Sin embargo, el abogado Eugenio Bruno, especializado en este conflicto, sostuvo que el recurso de reconsideración ante la Corte de Estados Unidos "no suspende la ejecutabilidad, salvo que el Gobierno lo pida y los jueces se lo otorguen, pero no es lo usual".

Bruno dijo sin embargo, que el pago del vencimiento del Discount tiene "un plazo de gracia de 30 días", lo que permitiría al Gobierno estirar la inminencia de un embargo, aún en el caso que la Corte no suspenda la ejecutabilidad de la sentencia por el pedido de reconsideración.

Otra opción, que esta tarde se analizaba en el mercado, es que Argentina se presente ante el juzgado de Griesa y manifieste voluntad de pago, pero pida un plazo razonable para acordar con Singer, algo que el propio demandante y el magistrado han deslizado que podría ser posible.

Así, mientras se desarrollen esas negociaciones, la Argentina podría pedir que Griesa mantenga una suerte de amparo (Stay) que evite los embargos y que dictó en su momento a la espera de este pronunciamiento del máximo tribunal.

En la hipótesis de máxima se podría tratar de extender esa negociación hasta fin de año cuando vence la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO), que da a los bonistas que aceptaron el canje el derecho de beneficiarse con cualquier otra oferta mejor.

Este es el principal temor del Gobierno. Que con esta decisión de la Corte se abra la puerta a reclamos al resto de los bonistas que no entraron al canje y según cálculos oficiales podrían sumar a la deuda otros 15 mil millones de dólares, más de la mitad del total de las reservas del Banco Central, que no llegan a 29 mil. Ni que hablar si los bonistas que ingresaron al canje quieren cobrar la diferencia. 

Pero no todos los especialistas coinciden con esta interpretación jurídica. No son pocos los que estiman que la Argentina muy bien puede pagarle a Singer todo lo que reclama, sin que esto dispare la factura de manera inmediata a u$s 15 mil millones. 

Por caso el economista Manuel Solanet sostuvo en declaraciones radiales que “el Gobierno no tiene porque entrar en default, pagando lo que surge de esta sentencia y lo que pueda surgir para pagar después no es un saldo imposible”.

De cualquier manera todas las estrategias de dilación del conflicto se dan, luego de esta decisión de la Corte, en un escenario mucho más acotado para el Gobierno, en el que deberá partir de la premisa que Singer ahora sí tiene respaldo legal como para cobrar una suma muy cercana al 100 por ciento que reclama.

Si Cristina elige por el contrario insistir en desconocer el fallo y plantear la inmunidad soberana, buscando acaso cambiar la jurisdicción de pago para evitar embargos, las consecuencias son imprevisibles, aunque la más probable es que el país continúe por mucho tiempo más sin acceso a los mercados internacionales.