La Legislatura de Córdoba sancionó anoche la ley de Política Ambiental de Córdoba, en una sesión que estuvo precedida por graves disturbios provocados por un grupo de ambientalistas y de militantes de izquierda.

La nueva ley fue una iniciativa del gobernador José Manuel de la Sota, quien envió el proyecto a la Cámara para frenar las críticas por el intento de la empresa Monsanto de instalarse en la localidad Malvinas Argentinas, vecina a la Capital provincial.

A partir de ahora, en Córdoba, para instalar una industria será necesario recibir la Licencia Ambiental, que se otorgará luego de superar una Evaluación de Impacto Ambiental.

Se prevén mecanismos de participación ciudadana. El más polémico es la consulta popular, que queda establecido para los proyectos que sean categorizados como de Alta Complejidad Ambiental o que generen conflicto social.

La consulta popular, que podrá ser convocada por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo, o por iniciativa popular, tendrá un resultado que será considerado por los funcionarios para decidir sobre la habilitación o no de la radicación de una industria.

En la sesión de ayer, la nueva ley fue votada por casi todos los bloques, incluidos el juecista Frente Cívico y  la Unión Cívica Radical. Tanto juecistas como radicales incorporaron muchas modificaciones al proyecto original después de varias semanas de un inédito trabajo en las comisiones legislativas.

Para De la Sota el voto de los principales bloques de la oposición es un hecho que promocionará en los medios nacionales, como apoyo a su campaña presidencial.

De hecho, esta misma noche por Twitter comenzó a celebrar el notable triunfo político que obtuvo y no dejó pasar la oportunidad para atacar a quienes se opusieron a la instalación de la planta de Monsanto.

Dos legisladoras del juecismo, Marta Juárez y Nancy Lizzul abandonaron el recinto. La primera para repudiar la acción policial fuera del edificio, y la segunda para no votar en contra de su bloque, aunque dejó dicho en un comunicado de prensa que rechazaba la iniciativa por significar que se colocan muchas trabas para la radicación de nuevas industrias.

Un kirchnerista, José De Lucca, se abstuvo. El único voto en contra fue el de Cintia Frencia, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

Frencia estuvo en el ojo de la tormenta porque fue acusada por otros legisladores de alentar a los manifestantes a arrojar piedras y botellas a los que iban ingresando a la Legislatura para sesionar. La radical Alejandra Mattar fue una de las golpeadas por los violentos ambientalistas.

La izquierdista negó la acusación, pero de todas maneras el resto de los legisladores votó una cuestión de privilegio en su contra, y no se descarta que se le aplique una sanción disciplinaria por parte de la Cámara por su actitud.

Por los incidentes ocurridos en la calle, cuando los manifestantes intentaron impedir que sesione el Poder Legislativo, hubo 27 detenidos y varios policías heridos.

Durante un par de horas las peatonales aledañas a la Legislatura fueron terreno para una batalla campal provocada por los que se oponen a la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas.