Quieren cerrar el parque donde viven Moria Casan, el Indio Solari, Miguel Cantilo, el propio Alberto Descalzo, jueces federales, funcionarios nacionales, además de otros miles de vecinos. Una buena parte del Parque Leloir podría quedar cerrado al tránsito, por una iniciativa del oficialismo. El Frente Renovador y Unen buscan socavar el proyecto.

El jefe comunal de Ituzaingó sacó un “registro de oposición” con la intención de cerrar el Parque Leloir. El mentado registro se rige por la negativa. El vecino que se oponga al cierre, obviamente debe votar en contra; si el rechazo vecinal no alcanza el 30 por ciento de la población, la iniciativa tendrá vía libre para avanzar.

Este procedimiento de “registro de oposición” es el mismo que Descalzo condenaba cuando era utilizado por el ex intendente de Morón, Juan Carlos Rousselot, entre otros temas para obras de cloacas.

“Cerrar el parque es inconstitucional –sostuvo Roberto Rocha, concejal del Frente Renovador-. Con un solo vecino que presente un recurso de amparo, se cae todo el proyecto”.

“Nosotros vamos a presentar mañana en conjunto con Unen un pedido para derogar el artículo 18 de la ordenanza que en 2007 declaró al parque como zona protegida, y que es el anclaje de Descalzo para esta iniciativa”, señaló Rocha.

Dicho artículo habilita la ejecución de un plan piloto en la que los vecinos, por su cuenta, podrían empezar a construir canteros y otras obras para cerrar el parque.

No se discute, naturalmente, que el parque deba ser una zona protegida, sino el procedimiento del intendente con un “registro de oposición” ya rechazado en tiempos de Rousselot, además de la propia intención de cerrar una zona pública, que no parece viable.

La idea lleva un par de años, debido al aumento de robos en las casas y calles del parque y Villa Udaondo. Algunos vecinos nucleados en la Plac (Parque Leloir Asociación Civil), empezaron a analizar la medida. Lo mismo ocurrió con el gobierno municipal. Pero el cómo, su efectiva implementación, trajo diferencias y finalmente dieron marcha atrás.

En su página web, la Plac afirma que “si el Municipio de Ituzaingó considera que lo mejor para garantizar la seguridad es el cierre de calles y limitación de accesos, esta solución deberá ser implementada por el municipio en todos los demás barrios, de lo contrario el Municipio caería en un claro acto de discriminación”.

Y agrega que para implementarlo “el Municipio debe realizar una encuesta hogar por hogar para conocer el grado de adhesión”.

Según pudo saber este medio, el “registro de oposición” elevado por el intendente entraría en vigencia a partir de este jueves. Hay que ver qué pasa mañana, en sesión del HCD, con el pedido de la oposición para desestimar la iniciativa.