La medida anunciada ayer por Cristina para perdonarle deudas impositivas a los medios de comunicación está destinada a los grupos oficialistas. Así lo confirmó el decreto 852/2014 publicado hoy en el boletín oficial, que especifica que el límite de $100 millones permitido para canjearse por publicidad oficial regirá “por cada titular” y no por grupo.

La resolución le da la potestad a la Jefatura de Gabinete, por medio de la Secretaría de Comunicación que maneja el vocero presidencial Alfredo Scoccimarro para que “celebre acuerdos con personas físicas o jurídicas titulares de medios de comunicación o de productoras de contenidos audiovisuales, a efectos de la cancelación de las deudas impositivas, aduaneras y previsionales” que mantengan con la Afip.

Con lo cual, el decreto habilita a que los titulares de los medios k puedan utilizar a un ejército de testaferros para distribuir sus deudas-que superan ampliamente los $100 millones reglamentarios- para de esta manera hacer que cada “unidad operativa” no llegue al tope establecido y así puedan licuar sus compromisos con el ente recaudador.

De este grupo, los que están más comprometidos son los hermanos Olmos, dueños de los diarios Crónica y BAE, Ámbito Financiero y Diario Popular, que adeudan enormes sumas impositivas y previsionales y por eso estaban haciendo desde hace tiempo un intenso lobby para que el gobierno le condone esas sumas.

Sin embargo, en el caso de los Olmos-ligados al titular de la CGT oficialista Antonio Caló-, la mayor parte de su deuda corresponde a los aportes patronales y jubilatorios que no pagaron durante años, por lo que la porción más grande de su pasivo es con la Anses, no con la Afip, lo que vuelve a la situación mucho más sensible y motivó esta resolución a modo de salvavidas para los empresarios de medios k.

Según pudo saber LPO, en el caso del diario BAE adeudan estos aportes desde la gestión anterior de Sergio Szpolski: desde que están al frente del diario, los Olmos no pusieron un peso en ese concepto.

Szpolski tampoco está pagando los aportes del grupo de medios que maneja, pero la Anses lo perdona porque se trata de un empresario ultraoficialista.

Por eso el decreto estipula la emisión de bonos, que el gobierno le entregará al organismo previsional como contrapartida de los aportes que nunca pudo cobrar, deteriorando todavía más su patrimonio.

“Se instrumentará la emisión de bonos por el capital contratado y por el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado que devengará la facturación de los montos objeto de dación”, reza el decreto.

En la última reunión en el Ministerio de Trabajo, los delegados de la comisión interna de BAE que vienen reclamando por el pago de los aportes atrasados mostraron los comprobantes de la Anses que demostraba que los Olmos no pagaron nada de lo que correspondía, lo que hizo estallar al abogado de los hermanos ligados a Caló.

Los papeles dejaron a los Olmos en evidencia a tal punto que la cartera conducida por Carlos Tomada los intimó a regularizar la situación o a demostrar en qué moratorias están inscriptos.

La presidenta intentó hacer pasar el anuncio como si estuviera dirigido a pequeñas y grandes empresas de la información, porque de otra manera hubiera sido políticamente indigerible. Pero la letra chica de la reglamentación confirma que en realidad los principales destinatarios siempre fueron los medios amigos. De ahí la incomodidad con la se la pudo ver en el acto de ayer.

El proyecto para bajar el IVA

Por otro lado, la disposición aclara que “los espacios publicitarios o los servicios cedidos en pago, serán utilizados conforme a las necesidades de comunicación institucional y de los actos de gobierno que fije la Secretaría de Comunicación, no pudiendo, en ningún caso, hacer uso de más del 25% del total de la deuda por período fiscal”.

Es decir que estas empresas no pondrán un peso, sino que para saldar su pasivo tributario alcanzará con que le cedan un lugar en sus diarios a la publicidad oficial, con un valor que decidirá a su antojo Scoccimarro, lo que dará lugar a todo tipo de manejos discrecionales.

En ese sentido, la norma señala que la jefatura de Gabinete “dispondrá los ajustes presupuestarios que correspondan por el monto equivalente de los espacios publicitarios o servicios, otorgados en dación en pago, en la medida de su efectiva utilización”.

El reclamo por parte de los empresarios de medios kirchneristas se debía a que hace unos años les ordenaron comprar diarios como parte de su estrategia de colonización de la prensa y en muchos casos estos medios arrastraban enormes deudas impositivas, que evidentemente nunca hubo intención de pagar. Situación que se agravó porque al tomar el control de los mismos, le imprimieron una línea ultraoficialista que hizo desplomar las ventas y así la ecuación económica de esas empresas se debilitó aún más.

Si bien falta todavía la reglamentación final, un interrogante que se abre con el decreto es si incluirá al diario opositor La Nación, que también se encuentra agobiado por sus deudas impositivas.

El otro anuncio de Cristina fue una reducción del IVA en publicidad y precio de tapa de diarios, revistas y empresas audiovisuales. Como se trata de un tema impositivo, deberá tratarse en el Congreso.

Hoy ingresó en la Cámara Baja el proyecto que adelantó la jefa de estado. Por el contenido de texto, se desprende que también beneficiará a los medios ultraoficialistas, porque son los que menos venden. Obviamente, Cristina lo disfrazó como si estuviera dirigido a publicaciones de Pymes.

El proyecto fija una alícuota de IVA de 2,5 por ciento para aquellas empresas que facturan hasta 63 millones de pesos anuales, de 5 por ciento para las que facturan hasta 126 millones y de allí en adelante una alícuota de 10,5 por ciento.

La iniciativa estaba esta mañana en la Secretaría Parlamentaria de la Cámara baja y se calcula que en las próximas horas se determinará su giro a comisiones, que en principio serían las de Presupuesto y Hacienda y tal vez la de Libertad de Expresión, presididas por los kirchneristas Roberto Feletti y Mónica Gutiérrez, respectivamente.

"El objetivo es ayudar a que las pequeñas empresas puedan subsistir", puntualizó ayer la Presidenta al anunciar el envío del proyecto al Congreso en la misma oportunidad en la que informó la creación del Sistema Federal de Medición de Audiencias (SIFEMA), que será manejado por once universidades nacionales.

Respecto de los medios gráficos que son PyMEs, la mandataria argumentó que el PEN impulsa la medida “para que los más pequeños puedan competir y deben tener diferenciaciones impositivas para hacer frente a los grandes medios monopólicos que también lo son con la pauta”.

Curiosamente, los diarios y revistas que menos venden son los que están alineados con el gobierno. Todos ellos quedan incluidos en los segmentos 1 y 2 y por ende si se aprueba este proyecto empezarán a pagar mucho menos IVA tanto por sus publicidades como por sus ejemplares vendidos.

Lo llamativo es que por facturación los diarios que en principio quedarían afuera son La Gaceta, de Tucumán, La Voz del Interior (Córdoba), Clarín, La Nación y La Capital (Rosario). Todos medios independientes y ajenos al dispositivo mediático kirchnerista.

Por otro lado, en una de las tantas lagunas del anuncio, Cristina tampoco aclaró si los beneficios impositivos para "Pymes de la comunicación" -como ella las describió-, incluyen a los portales de noticias, verdaderas microempresas que se están consolidando como el sector más dinámico de los medios.