El gobierno de Chubut lanzó una fuerte advertencia a la Casa Rosada por su intento de modificar la Ley de Hidrocarburos y limitar la potestad de las provincias sobre la explotación de las áreas petroleras, una pelea que también tiene en alerta a Neuquén y Mendoza.

A la espera de la reunión que el próximo lunes mantendrán los gobernadores de las provincias petroleras con Cristina Kirchner, los mandatarios se encargaron de mandar señales de rechazo a la movida ideada por Miguel Galuccio, que pretende excluir de las explotaciones a las empresas provinciales que ingresan sin invertir nada.

El encargado de mandar el mensaje no fue Martín Buzzi sino su ministro de Coordinación de Gabinete, Juan Garitano. "No vamos a ceder ni devolver lo que hemos ganado en este tiempo a partir del Marco Regulatorio Hidrocarburifero", dijo en referencia a la ley provincial que se aprobó tiempo atrás para regular las relaciones con las empresas.

Garitano dejó en claro que el gobierno de Buzzi no permitirá que la Rosada avance en su intento de que YPF vuelva a manejar los recursos provinciales. "Por supuesto que vamos a defender con uñas y dientes lo que hemos conseguidos, nuestra soberanía del manejo de los recursos", afirmó en diálogo con radio El Chubut..

El funcionario expresó su molestia por "la estrategia estrategia que está realizando YPF" y aseguró que "lo que está buscando es apropiarse de todos los recursos que alguna vez dispuso". "Tenemos una postura muy firme: no vamos a dejar que se nos introduzcan políticas que ya han sido dejadas de lado", completó Garitano.

La postura coincide con la expresada ayer por el ministro de Hidrocarburos chubutense, Ezequiel Cufré. "El lunes recién va a ser el primer diálogo. Si esto después deriva en una ley, va a demandar mucha discusión en las cámaras y en los gobernadores, pero en ningún punto imagino que esa discusión vaya en contra de la Ley Corta. Nadie imagina que se vaya a tocar la Ley Corta", dijo en referencia a la actual ley de hidrocarburos.

"No se va a firmar nada, mucho menos en el caso de Chubut, donde en 2012 aprobamos la Ley de Hidrocarburos, y desde el 2013, el 88% de los barriles de petróleo que salen de la provincia están dentro del marco legal de la Ley Provincial de Hidrocarburos. Así que Chubut generó un precedente muy importante y blindó un poco nuestro mercado del petróleo, así que no se va a poder sentar precedente para atrás", detalló Cufré.

La postura del gobierno de Buzzi coincide con lo planteado por el neuquino Jorge Sapag, quien hizo una fuerte defensa del sistema de "acarreo" que beneficia a las empresas provinciales.

"El tema del carry es simple: el dueño del yacimiento, es decir la provincia, le dice al inversor interesado que no se olvide del 10% de participación de G&P. No es un esquema parasitario ni es es una mochila. Significa que el privado desembolsa un 100% de la inversión durante la etapa exploratoria de piloto y cuando empieza a dar ganancias, la petrolera provincial devuelve ese dinero con la propia producción. Es decir, el carry tiene un costo financiero para el inversor, pero no un costo económico absoluto", argumentó y dijo que su provincia se asoció con diferentes empresas y no tuvo los inconvenientes que plantea YPF.

La misma advertencia hizo el senador nacional y jefe del gremio de los petroleros, Guillermo Pereyra, opositor a Sapag en Neuquén pero aliado en esta cuestión. "Espero que los gobernadores no firmen ningún acta que vulnere los intereses de las provincias productoras de petróleo y gas. El pueblo de Neuquén quiere saber porque ya estamos cansados de cláusulas secretas", alertó.

“El pueblo de Neuquén sabe que, como presidente de la Comisión de Energía, Minería y Combustibles del Senado de la Nación, voy a defender con uñas y dientes lo que es de todos los neuquinos”, avisó Pereyra, anticipando que el Gobierno podría tener un problema cuando mande su proyecto al Congreso.

De todos modos, los mandatarios provinciales no podrán evitar fácilmente que la Casa Rosada impulse una nueva ley de hidrocarburos y logre mayorías en el Congreso, donde la presencia legislativa de las provincias petroleras es exigua. Pero sí podrían poner trabas a través de las legislaciones provinciales.