La cúpula del PRO reaccionó con extrema cautela ante el llamado a declaración indagatoria y Mauricio Macri, Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta evitaron pedir que el vicepresidente se tome una licencia mientras se lo investiga por las irregularidades en la venta de la ex Ciccone.

La reacción de las figuras del PRO sorprende por la diferencia de tono respecto a la del resto de la oposición, incluso con integrantes de su propio partido como las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso, quienes anunciaron que presentarán una ampliación del pedido de juicio político contra Boudou. De todos modos, Bullrich también se diferenció del resto de la oposición y aclaró que no pide la licencia del vice.

Pero las opiniones de Macri, Michetti y Larreta no sorprenden teniendo en cuenta que el propio jefe de Gobierno desde 2010 se encuentra procesado -en rigor está más comprometido que Boudou- en la causa por las presuntas escuchas ilegales y está más que claro que nunca se apartó de su cargo.

Al respecto, en el kirchnerismo se encargaron de difundir que esta semana la Cámara Federal confirmaría el procesamiento de Macri y podría mandarlo a juicio oral. El juez Sebastián Casanello había dejado fuera del juicio oral al líder del PRO y su defensa pidió la semana pasada que se confirme esa decisión.

"Es una causa inventada. La Legislatura, donde el PRO no tenía mayoría, decidió si se votaba o no un juicio político. Siendo minoría, decidió que no había motivos para un juicio político", se defendió ayer Macri.

Pero el jefe de Gobierno evitó pedir el desplazamiento de Boudou y señaló que espera que "la Justicia actúe libremente". En cambio, sí le apuntó a Cristina Kirchner al afirmar que “uno es responsable de las personas que convoca. Si nos equivocamos, tenemos que asumir un costo”.

Macri no es el único complciado judicialmente en el PRO. El diputado nacional y ex presidente del Banco Ciudad Federico Sturzenegger fue procesado por el megacanje del gobierno de Fernando de la Rúa.

Por su parte, Michetti fue más explícita y afirmó que no está de acuerdo con que el vicepresidente se aparte de su cargo por el llamado a indagatoria que hizo el juez Ariel Lijo. "Si fuera alguien de mi espacio diría lo mismo", se atajó.

"Aunque sea de otro partido político y a mí me convenga tirarle más cosa feas encima, prefiero decir que la Justicia está avanzado, es bueno eso y respetemos lo que la Justicia dice. Si la persona está ejerciendo su función y no está interviniendo para que la justicia se frene, entonces quedémonos con esa situación, porque si no el principio de inocencia lo pasamos por arriba", agregó la senadora nacional.

Los dichos coinciden con los de Rodríguez Larreta, aunque el jefe de Gabinete se encargó de diferenciar el caso Ciccone con el de las escuchas ilegales. "Lo que haga Boudou es una decisión de él. Estando la declaración indagatoria hay que dejar que la Justicia actúe y tiene que ir a fondo", planteó.

La medida posición del PRO coincide con el buen momento que atraviesa la relación con el Gobierno nacional y las versiones de un pacto, alimentadas por las dos fotos que se sacaron Cristina y Macri en el último mes y los repetidos acuerdos entre ambos partidos en el Congreso nacional y la Legislatura porteña.

Esta posición sobre Boudou también podría complicar los coqueteos de Macri con sectores del Frente Amplio Unen, como el de Ernesto Sanz y Lilita Carrió con quienes se mostró el fin de semana y que tienen una postura totalmente opuesta en este tema.

Como adelantó LPO, el senador radical impulsará en el Senado un pedido para que el vicepresidente se aparte del cargo. “Creo que es urgente un pedido de licencia de Boudou. Eso le hará bien al país, al gobierno y a la justicia”, planteó días atrás. En tanto, Carrió quiere destituirlo mediante un juicio político.

Sucede que la lucha contra la corrupción es la principal bandera de Unen y cualquier posición dubitativa en este tema los dejaría mal parados. "Los delitos cometidos por los saqueadores de la Argentina deben ser declarados imprescriptibles y fijarse como prioridad la recuperación del dinero de la corrupción para destinarlo a las deudas sociales", plantea uno de los puntos del “Acuerdo de San Nicolás” que firmaron la semana pasada los cinco presidenciables de la alianza.