El llamado a indagatoria de Amado Boudou anticipa un escenario judicial muy complicado para el vicepresidente y con la posibilidad concreta de que el juez Ariel Lijo lo procese por negociaciones incompatibles con la función pública en la causa en la que se investigan las irregularidades en la venta de la ex Ciccone.

La contundencia de los argumentos vertidos en el llamado a indagatoria del vicepresidente y los otros implicados en la trama Ciccone, determinan que el procesamiento de Boudou es casi seguro, opinó ante este medio un abogado con experiencia en este tipo de causas.

LPO indagó a fuentes de la defensa del vicepresidente y admiten que es muy posible que sea procesado por Lijo. En el caso de que esa posibilidad se concrete, indicaron que será una decisión política del Gobierno el futuro de Boudou y que no hay antecedentes que lo obliguen a apartarse. Por caso, Mauricio Macri y Federico Sturzenegger están actualmente procesados y continúan en sus cargos.

El diputado y ex fiscal anticorrupción Manuel Garrido coincide con esa posición. “El juez tiene elementos de prueba y esta citación revela que hay avances en la investigación (…) si lo llama a indagatoria es porque va a dictar su procesamiento”, explicó en diálogo con radio La Once Diez, donde dijo que Boudou sólo podría apelar si es procesado.

Pero el escenario más complicado para Boudou no es este sino la posibilidad de que la causa derive en la asociación ilícita, un delito que podría llevarlo a la detención. Esa es la conclusión que surge de la lectura fina del llamado a indagatoria, donde se detalla cómo fue la maniobra de Boudou, José María Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele, y donde se habla de una “división de funciones”.

“Boudou y Nuñez Carmona se habrían interesado en el negocio que implicaría adquirir Ciccone y lo habrían materializado a través de la firma TOF (The Old Fund, de Vandenbroele), puesto que permitía el anonimato de sus verdaderos dueños debido a que estaba integrada por sociedades extranjeras que emiten acciones al portador”, sostiene el escrito.

El siguiente párrafo es demoledor y es el que abre la puerta a la asociación ilícita. “La maniobra se habría materializado con división de funciones: Boudou habría aportado su condición de funcionario público y Nuñez Carmona habría realizado, como privado, aquello que Boudou no podía, justamente por su cargo. En razón de que el Ministro de Economía no podía adquirir el monopolio de la producción de billetes, y que Nuñez Carmona tampoco podía hacerlo debido a su pública relación con él, asignaron a Alejandro Vandenbroele ese rol, quien ya actuaba como representante de la firma TOF”, indica.

En otro pasaje se describe el accionar del ex jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner, como pieza clave de la maniobra. Se trata en definitiva de un conjunto de personas organizadas para cometer un delito, cada una de las cuales tiene una función determinada.

La asociación ilícita es el delito por el que Carlos Menem terminó en prisión en el año 2001, pero hay algunas diferencias notorias con el caso Boudou.

¿Qué pasa si no declara?  Ricardo Monner Sans, uno de los denunciantes de Boudou, indicó que las alternativas que tiene el vice son "ir y ser indagado y dar su versión sobre los hechos; llevar un texto escrito y no hablar; o presentarse y no declarar por escrito ni oralmente". "En caso de que no concurra, el juez puede pedir al Congreso que le suspenda sus fueros y quede en posibilidades para ser llevado por las buenas o por la fuerza pública", explicó.  

El ex presidente fue liberado luego de un fallo de la Corte Suprema que descartó la comisión de ese delito y otros como falsedad ideológica. Se trató de un fallo elaborado por el ex ministro Augusto Belluscio que consideró que el Estado no puede ser considerado una asociación ilícita y la firma de un decreto (como el de la venta de armas) no puede constituir la base de un delito.

Pero en este caso no hay un delito cometido por el presidente y los ministros mediante un decreto como en aquella oportunidad sino el accionar de un funcionario público con privados.

De hecho, un abogado que analizó el llamado a indagatoria indicó que en la descripción de la “división de funciones” los fiscales parecen atajarse de ese antecedente y dejan aclarado que el vicepresidente hizo lo que estaba a su alcance como ministro de Economía mientras que “Nuñez Carmona habría realizado, como privado, aquello que Boudou no podía”.

Las fuentes del entorno de Boudou dijeron a LPO que el alcance de la investigación está fijado en el requerimiento del fiscal Carlos Rívolo y en el dictamen del fiscal Jorge Di Lello y por ahora la causa se basa en el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”. Sin embargo, admiten que la puerta para la asociación ilícita puede abrirse. “En esta causa puede pasar cualquier cosa”, dijeron.

Por otro lado, indicaron que todavía no está definido si habrá una apelación al auto de indagatoria. Tampoco está decidido que en el caso de ser procesado, Boudou plantee un conflicto de poderes ante la Corte Suprema. Sobre ambos puntos, recordaron que el vice no apeló el fallo de la Cámara que rechazó su sobreseimiento, supuestamente con el objetivo de trabar el avance de la causa, aunque se deba por hecho que el máximo tribunal rechazaría la apelación.