El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, evitó referirse a los recortes salariales del 35 por ciento que la automotriz General Motors aplicará a sus empleados de la planta de la localidad santafesina de General Alvear.

Ayer, el gremio de mecánicos SMATA informó que la compañía anunció que reducirá salarios y horas extra a los 2.700 trabajadores de la planta de General Alvear como consecuencia de la crisis que atraviesa el sector.

Esta mañana, al hablar con la prensa en la Casa Rosada, Capitanich afirmó respondió con una evasiva. "No hemos tenido notificación formal por parte de la empresa. Ayer hasta última hora de la noche hemos estado en contacto con la ministra de Industria (Débora Giorgi) y de Trabajo (Carlos Tomada)", sin que se oficialice la decisión.

"No ha habido notificación formal por parte de la empresa General Motors, (así que) por el momento se establecen los mecanismos de percepción de ingresos para todos los trabajadores de la planta; al no tenerla, no podemos emitir opinión al respecto", concluyó el ministro.

Según se difundió, ante el derrumbe en las ventas, la automotriz le informó al sindicato de mecánicos que a partir de julio planea instrumentar la reducción del 35 por ciento, mientras SMATA advirtió que no aceptará la medida, al invocar el convenio colectivo del trabajo, y por tanto no se descartaban medidas de fuerza.

"Anoche recibimos un comunicado de la empresa donde se nos anticipa que habrá recortes en los haberes en un 35 por ciento", sostuvo el secretario adjunto del SMATA de Rosario, Antonio Milici y adelantó que el gremio va a "exigir que se cumpla con el convenio colectivo de trabajo". "No se descartan medidas de fuerza", subrayó. 

La semana pasada, la automotriz informó la instrumentación de este "plan de emergencia" ante la caída de las ventas en el mercado interno y la menor demanda desde Brasil, consistente en la interrupción de tareas todos los viernes de mayo y junio. Entonces, la compañía norteamericana garantizó que mantendría los puestos de trabajo y los sueldos. 

En ese marco, la ministra de Industria, Débora Giorgi, pidió ayer a las terminales automotrices radicadas en el país un "compromiso de mantener los niveles de ventas y el equilibrio de la balanza comercial", al tiempo que adelantó que se estudian nuevas "políticas activas".

Así lo señaló Giorgi luego de una serie de encuentros que mantuvo en el Palacio de Hacienda con ejecutivos de nueve compañías del rubro. "La ministra adelantó la posibilidad de que el Gobierno Nacional establezca nuevas políticas activas para seguir impulsando a la industria automotriz, tomando como contraparte el compromiso de las empresas de mantener los niveles de venta y el equilibrio de balanza", señaló la cartera fabril en un comunicado.

Por su parte, los representantes de las automotrices presentaron estadísticas de variación de precios, condiciones de financiación, producción, ventas y exportaciones, los que fueron analizados por los funcionarios.

Además de la situación en General Motors, compañías como Renault e Iveco, ambas radicadas en Córdoba, dispusieron suspensiones que afectaron a más de mil trabajadores.