El comienzo del debate de los proyectos para regular los piquetes tuvo un principio de acuerdo para declarar la amnistía de al menos 4 mil manifestantes sociales procesados.

El reclamo surgió desde las fuerzas de Unen y la izquierda, que presentaron un dictamen que pide “extinguir la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en hechos ocurridos con motivo y finalidad de reivindicación social”, reza el proyecto.

“Claro que no hubo ningún procesado de la Sociedad Rural”, ironizó Virginia Linares, del GEN y a cargo de la presentación del dictamen, que tiene las firmas de todo el arco de Unen y de los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Néstor Pitrola.

“También queremos la libertad para los luchadores sociales”, respondió Diana Conti, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales que hoy tuvo a cargo el debate por los proyectos para regular las manifestaciones sociales. Su objetivo, raro para estas épocas, es llegar a un dictamen entre todas las fuerzas.

“Conti ya nos había dicho que estaba de acuerdo con nuestro proyecto pero que debía pasar por la Comisión de Legislación penal. Esperamos que el resto del kirchnerismo lo apoye”, se ilusionó Del Caño ante LPO.

El número de procesados está en discusión. “La organización Memoria, Verdad y Justicia habla de 5000 procesados, pero el proyecto de Conti dice que son 4 mil”, apuntó el mendocino del Fit.

Su bloque presentó un proyecto de resolución para repudiar la detención de los trabajadores petroleros Martín Oñate y Néstor Vivares, integrantes de la Comisión directiva del Sindicato del Petrolero de Santa Cruz; y Jorge Armoa, delgado de la empresa BACS S.A, detenido desde el 23 de febrero.

“Fueron acusados por coacción agravada, que es un delito excarcelable”, se quejó Del Caño.

Pocos acuerdos

El debate para regular piquetes tuvo varios puntos en común pero también posiciones distintas incluso dentro del bloque oficialista, que cuenta con tres proyectos distintos.

El primero fue el del chaqueño Juan Manuel Pedrini, cercano a Jorge Capitanich. Conti y la neuquina Alicia Comelli tienen otro que instituye la instancia de mediación y a último momento la correntina Araceli Ferreyra presentó el suyo sin un solo cofirmante.

Ferreyra anticipó que no coincide con la división de protestas “legítimas” e “ilegítimas” de Pedrini, quien la había justificado en la necesidad de justificar “la ley” y no “calificar el conflicto”.

Tampoco con la notificación de la protestas, que el chaqueño había aclarado que "no se trata de una autorización" sino de un trámite que se podría hacer en cualquier comisaría a los efectos de coordinar operativos de organización y mediación.

Y menos con el instituto de mediación que promueve Conti. “Es inocuo, la policía te cerca y vas por otro lado”, le explicó a LPO la correntina, que participó de piquetes en los 90. Una de sus propuestas es evitar la llegada de alimentos a los pueblos por los cortes de ruta. “Lo sufrimos en la huelga del campo”, recordó.

Ramona Puchetta, militante del Movimiento de Jubilados y Desocupados de Raúl Castells, presentó su proyecto. “Se trata de un conflicto entre quienes protestan y entre quienes tienen que atener la protesta”, enfatizó.

Recordó que en mucha protestas se dejan carriles liberados para la libre circulación.

Darío Giustozzi, del Frente Renovador, defendió su iniciativa en la necesidad de modificar el artículo 194 del Código Penal, “que está incompleto y deja todo libre a la interpretación. Por eso hay manifestantes presos y piquetes en los que no ingresan ni provisiones”.

El PRO presentó dos proyectos: uno de Federico Sturzenegger y otro de Pablo Tonelli.

El ex presidente del Banco Ciudad planteó una regulación de los piquetes en el código penal, que como está directamente establece penas de tres meses a dos años a quien interrumpa el tránsito pero rara vez se aplica.

Pidió que los piquetes no sean punibles “si se garantiza la libre circulación en la mitad de los carriles por mano de circulación de las rutas nacionales, autopistas, semi – autopistas, avenidas, y calles para su utilización por el transporte público privado de pasajeros particulares”.

Tonelli fue el único que se expresó en contra de la amnistía. “Fueron procesados por gobiernos constitucionales”, destacó. Su proyecto exige que las protestas sean pacíficas, no interrumpan el tránsito y tengan un preaviso de 48 horas.